Ninguno de los inmigrantes beneficiados en el caso Delegación señala al funcionario
Zaragoza.- El juez instructor del caso Delegación, en el que investiga la regularización irregular a inmigrantes desde la Oficina de Extranjería, ya ha terminado la ronda de declaraciones a los supuestos beneficiados. Con el testimonio tomado este martes a uno de ellos, se concluye que ninguno de ellos reconoce al funcionario Joaquín María P.A. como la persona que les “ayudó”.
Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza tendrá que decidir qué más pruebas realizar en este caso. Hace una semana otros dos supuestos clientes de la trama negaron recibir tratos de favor, así como conocer al trabajador público.
En lo que sí han coincidido todos es que se conocen entre ellos, ya que son de origen marroquí y van a los mismos establecimientos comerciales y de ocio. También han afirmado la mayoría de ellos que compartían sus problemas de cara a la regularización.
En dichas pruebas testificales han estado presentes los abogados Celia Gil Lagunas, Constanza Dufol, Antonio Montaner, Ana Herrando y Carlos Castillo, del despacho de Javier Notivoli.
La investigación de la Guardia Civil señala, tal y como adelantó ARAGÓN PRESS, que el brazo ejecutor de dichas “nacionalizaciones” era el funcionario Joaquín María P.A., pero que él necesitaba de otras cuatro personas, Adelmajid S., Ahmed M., Jalal el H. y Abdesalam Z., quienes eran las encargadas de conseguir gente que tuviera que realizar trámites en la Oficina de Extranjería.
Con los inmigrantes captados, principalmente de origen marroquí, Joaquín, según el Instituto Armado, les facilitaba los trámites y les asesoraba sobre los mismos. Su labor iba más allá, ya que era el encargado de resolver los recursos interpuestos sobre resoluciones de denegación. Un papeleo que tenía un precio. El cuerpo benemérito lo cifra entre los 900 y los 3.000 euros, que eran repartidos entre los diferentes miembros de la organización.