Los cientos de muertos en el parking del centro comercial Bonaire, en Aldaia, el robo de armamento militar, que la DANA ha sido un ataque de Marruecos y del proyecto Haarp o colar imágenes de la riada del 6 de julio de 2023 en Zaragoza como si fueran de Valencia. Basta con dar un paseo por las redes sociales o incluso asomarse estos días a algún programa de máxima audiencia para toparse con teorías de la conspiración tan extendidas como falsas. Las inundaciones en la Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha, Cataluña, Andalucía, Aragón y Baleares no se han librado de la difusión de bulos, una práctica a la que la DGA puede hacer frente con distintos mecanismos legales.
Sin ir más lejos, la nueva Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias, aprobada el pasado mes de junio en las Cortes y que entró en vigor poco después, sanciona propagar este tipo de contenidos. Es uno de los cambios que se introdujo en su tramitación parlamentaria con el objetivo de actualizar la normativa, sin modificaciones de calado desde el año 2002. Y es que, como explicaron entonces los ponentes de la norma, no solo se ha agravado el impacto de los fenómenos naturales y el cambio climático ha añadido puntos de peligrosidad a las emergencias, también hay un frente abierto respecto a la desinformación.
Las dos versiones del texto legislativo coinciden en el papel de los medios de comunicación y su “deber de colaboración” para hacer llegar los avisos pertinentes a la población, que en algunos de los supuestos recogidos trasciende a “obligación”. Así las cosas, la Ley 30/2002 de 17 de diciembre contiene un apartado específico sobre la prensa, mientras que en la actualización se trata de una cuestión transversal y que aparece mencionada en más ocasiones. Otro punto en común aparece en el régimen sancionador y es que ambas versiones consideran infracción muy grave “la negativa a transmitir los avisos, instrucciones e informaciones que ordenen las autoridades competentes de protección civil”.
La novedad llega con la normativa de 2024, que sitúa en ese nivel de gravedad “la creación, difusión o distribución de noticias falsas o bulos por cualquier medio de comunicación material, telemática o electrónica relacionadas con el ámbito objetivo de esta ley”. Según refleja el documento, está al mismo nivel que “impedir y obstaculizar la inspección de los recursos y servicios” necesarios por parte del operativo de emergencias, “no comunicar a las autoridades, quien esté obligado a ello, las previsiones e incidentes que puedan dar lugar a la activación de los planes de protección civil” o directamente “poner en peligro la vida o la integridad de las personas”.
El régimen sancionador de la ley recoge multas en tres tramos para las infracciones muy graves. De 30.001 a 150.000 euros en el caso del grado inferior, 150.001 a 300.000 el medio y 300.001 a 600.000 el superior. Depende, entre otros, de factores como la intencionalidad, la negligencia y la reiteración. Por su parte, las leves abarcan de los 500 a los 1.500 euros y las graves, la categoría intermedia, entre 1.501 y 30.000.
Es el propio Gobierno de Aragón quien se encarga de regular la comisión de faltas al máximo nivel de la Ley, aunque puede delegar en los consejeros, alcaldes, presidentes de comarca o la autoridad a quien afecte el hecho. Asimismo, las infracciones muy graves no prescriben hasta pasados dos años desde el día en el que se cometen.
SALE A LICITACIÓN EL MACROCENTRO DE EMERGENCIAS
La norma aprobada en verano recoge, ya en otro apartado, el compromiso de impulsar en un plazo no superior a 24 meses (dos años) el macrocentro de Emergencias de Aragón. El proyecto, cuya licitación quedó desierta en agosto al no haber ofertas, volverá a salir a concurso en los próximos días. La reforma del inmueble, situado en la avenida Cataluña de Zaragoza y que pretende dar cabida al 112 Aragón, 061, Protección Civil, la Policía adscrita a la Comunidad Autónoma o incluso cuerpos de Bomberos, está valorada en 7,8 millones de euros (IVA incluido). La previsión es que los trabajos duren un año y medio desde su adjudicación.
La infraestructura pertenece a la empresa pública Suelo y Vivienda y cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de espacio. Con el nuevo centro, se busca dar una respuesta conjunta a las emergencias. Se trata además de una iniciativa que viene de la pasada legislatura, si bien el anterior Gobierno cuatripartito no pudo darle un impulso definitivo. De hecho, su previsión era que estuviera operativo a principios de 2025.
