La explotación laboral en Aragón tiene cara de mujer migrante: "Trabajaba por 1.000 euros las 24 horas"

Lucía, el nombre falso con el que ilustra su historia, fue empleada del hogar a cargo de una anciana de 91 años. Cuenta que trabajaba por 1.000 euros al mes las 24 horas del día y los siete días de la semana, sin derecho a vacaciones y “aguantando faltas de respeto”. “Que te traten como a una prostituta”, se atreve a decir, y esas mismas personas, “las que más te explotan, son las que más posibilidades tienen” en la vida. Ella se ha atrevido a denunciar pero hay quienes por miedo, o por necesidad, no pueden salir de la rueda de la explotación laboral.

Desde ese anonimato, Lucía es el rostro delante del informe anual de UGT. Como ella, otras 40 personas fueron objeto de esta lacra hasta el 30 de septiembre de este año, repartidas en 37 casos. Los datos dibujan la explotación en la Comunidad como una mujer migrante, de Sudamérica o Centroamérica, joven, por debajo de los 35 años, y que se dedica al sector de los cuidados. No se quedan atrás la agricultura y ganadería, la reforma de viviendas o la hostelería, las parcelas económicas que van detrás en la lista. Todo ello con el interrogante añadido del mundo rural, que podría agravar estos números, ya que el propio sindicato ha reconocido que el enfoque del estudio es fundamentalmente urbano.

Los testimonios pesan, pero también los datos. Porque tres de cada cuatro víctimas estaban en situación irregular, seis de cada diez trabajaban en domicilios particulares, el mismo porcentaje que sufrió accidentes laborales; dos fueron objeto de trata, otra agredida sexualmente y una más era menor.

UGT Aragón ha presentado el informe este martes. Foto: UGT

SALIR DE LA RUEDA

No es un fenómeno opaco. Se desarrolla en nuestros pueblos, ciudades, barrios y polígonos industriales”, ha valorado el responsable de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera, para quien resulta tan evidente como difícil de resolver. En ocasiones, el proceso de regularización de las víctimas que dan el paso y denuncian puede durar hasta un año y medio. Alrededor de estos ambientes, sobrevuelan puntos en común como los bajos salarios o incluso la ausencia de los mismos, la falta de cotizaciones a la Seguridad Social o la captación irregular a través de las redes o el “boca a oído”.

Los representantes sindicales admiten que el Gobierno de España ha tomado cartas en el asunto con políticas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la Reforma Laboral. No obstante, aunque se ha puesto la tirita, la herida sigue abierta y se ha visto agravada, a su juicio, por la crisis a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania. Las soluciones apuntan en dos direcciones. La primera, desde Aragón, consiste en una Mesa de Coordinación que permita diseñar un plan de choque, formación y difusión del problema. Mirando a Madrid, reclaman la aprobación de una Ley Integral contra la trata de seres humanos.

Se trata, ha dicho Antonio Ranera, de acciones prolongadas en el tiempo. En la misma línea, buscan corregir la “debilidad de las políticas públicas” en el ámbito de la dependencia y los cuidados con una mayor inversión. “Todo son experiencias en la vida y hay que superarlas”, reitera Lucía, saltando entre datos. No pierde de vista el objetivo, “un trato más justo en todos los sentidos”.