Zaragoza.- La Audiencia Provincial de Zaragoza ha acogido hoy un proceso judicial contra el que fuera el secretario de la Comisión de Fiestas del barrio de Delicias, Julio César Ágreda. La acusación particular pide una pena de 2 años, 3 meses y un día de prisión por un supuesto delito de apropiación indebida de 50.400 euros (más de 8 millones de pesetas) de los fondos de esta junta de festejos. La defensa, en cambio, ha pedido su libre absolución.
La polémica saltó a la luz cuando varias de las empresas que habían trabajado en la organización de las fiestas denunciaron a Ágreda por no haberles pagado el dinero convenido. Asimismo, según postula la acusación particular del caso, ejercida por el letrado José Enrique Navarro, en el balance económico entregado a la DGA figuraban como abonadas algunas facturas impagadas.
Por la sala de vistas han desfilado a lo largo de la mañana diferentes testigos que han declarado argumentos casi idénticos: una vez prestado el servicio no recibían el dinero convenido o se les abonaba una cantidad inferior. Así, el responsable del servicio de ambulancias DYA ha testificado que no cobró los 2.884 euros (480.000 pesetas) de la factura, la empresa encargada de la colocación de carpas sólo percibió la mitad de los más de 18.000 euros (3 millones de pesetas) que costaron sus servicios o tampoco recibieron lo convenido las organizaciones teatrales. Las personas de la Comisión interrogadas han asegurado que no tenían conocimiento de la falta de fondos hasta que surgieron las protestas, aunque también reconocían que no iban a todas las reuniones.
LA DEFENSA APUNTA QUE HUBO MALA GESTIÓN
Según ha apuntado la defensa del ex secretario de la Comisión de Fiestas de Delicias, estos impagos se deben a una mala gestión de Julio César Ágreda. “Hay un problema económico porque ese año se gastó más dinero de los ingresos que había”, ha manifestado la abogada defensora. La letrada, que ha llamado a declarar al anterior secretario de la Comisión, y ante su incomparecencia ha solicitado sin éxito la suspensión de la vista, ha pedido la libre absolución de Ágreda: “Nos encontramos ante un caso de facturas sin pagar, no de apropiación indebida". "No se ha podido acreditar que mi cliente se llevara el dinero”, ha argumentado. Por otro lado, la letrada ha advertido que Ágreda sí se hace responsable de 180.000 euros (3 millones de pesetas), ya que ésta es la parte de contrataciones deficitarias que se hicieron bajo su responsabilidad. El resto, ha argumentado, fueron salidas presupuestarias de otras personas.
La acusación particular, por el contrario, ha advertido de que los 50.495 euros supuestamente desaparecidos fueron sustraídos de forma voluntaria por el procesado. Para ello, ha esgrimido tres argumentos. En primer lugar, Ágreda se encargaba de todos los temas económicos, ya que gozaba de la confianza de toda la Comisión. Por otra parte, aunque la cuenta corriente estaba a nombre de cuatro personas, él era el único que la usaba y, por último, ha aludido a la mencionada presentación ante la Administración autonómica de balances con facturas impagadas, que figuraban como abonadas.
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