La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Educación para que se regule el uso de dispositivos electrónicos en los centros escolares sostenidos con fondos públicos. La medida busca evitar posibles situaciones de discriminación entre el alumnado por motivos socioeconómicos, así como dotar de mayor seguridad jurídica tanto a centros como a familias.
La recomendación surge tras recibir varias quejas de familias aragonesas que mostraban su desacuerdo con la obligatoriedad de adquirir tabletas para el uso escolar, que en algunos casos debían ser sufragadas en su totalidad por los padres. Entre las reclamaciones, se señala la negativa de algunos centros a aceptar dispositivos ya disponibles en casa, como los de hermanos mayores o modelos diferentes a los recomendados.
La sugerencia también insta a la Consejería de Educación a estudiar en profundidad el impacto que tiene el uso de estos dispositivos como herramienta pedagógica. El objetivo es conocer sus efectos en el desarrollo educativo y personal del alumnado, y si su implantación generalizada podría estar generando consecuencias no deseadas.
Uno de los escritos recibidos por la institución relata que más de un tercio de las familias de un centro firmaron una solicitud para reducir el tiempo de uso de las tabletas y evitar que la adquisición de los dispositivos corriera exclusivamente a cargo de los padres.
