Zaragoza.- Desde este lunes todas las aragonesas que decidan abortar, después de los tres días de reflexión que marca la ley, lo tendrán que hacer pagando y no con la subvención que hasta el momento recibían.
Una situación que responde a los impagos por parte del Gobierno de Aragón a las dos clínicas que realizan estas atenciones en la Comunidad. Concretamente, las deudas ascienden a 800.000 euros desde hace más de diez meses, señala la vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo en Aragón, Mayte Andreu, quien añade que el Departamento de Sanidad no contempla partida presupuestaria alguna para sufragar la prestación sanitaria de Aborto Provocado en el ejercicio 2012.
El 15 de marzo las clínicas Actur y Almozara, situadas en Zaragoza, informaron a la Administración autonómica, mediante documento formalizado en el Registro del Servicio Aragonés de Salud, de la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración. Vencido el plazo de 30 días para que la Administración resolviera, los centros retrasaron su decisión para procurar una salida negociada, y sobre todo para no perjudicar a las mujeres que confían en sus profesionales. Sin embargo, a día de hoy resulta “insostenible”, según Andreu, para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que “se verían abocados a un cierre inevitable”.
Como destaca Andreu, tras la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y con el objetivo de atender la demanda de Aborto; los centros acreditados para la IVE han pasado a ser “de hecho” centros “públicos” a través de acuerdos o conciertos con las diversas administraciones. “Hasta la fecha venían derivadas de los centros de planificación familiar y aquí las atendíamos, pero ahora no tenemos dinero para poder realizar estos abortos”, ha recalcado.
Unos servicios que suponen a estos centros el 95% de las atenciones, ya que la mayoría de mujeres lo realizan de forma pública y no privada.
Es por ello que a partir de ahora todas las mujeres que sean asistidas recibirán la factura del aborto para que, posteriormente, reclamen el pago ante sus servicios provinciales de salud.
