“A los niños con discapacidad nos están negando continuamente el derecho a que nuestros hijos tengan una vida igual que los demás”. Así de contundente lo afirma Eva Maura, la madre de Dídac, el niño de cuatro años con dos enfermedades ultrarraras. La madre del pequeño se ha trasladado desde Tamarite de Litera (Huesca) hasta las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para reivindicar el derecho que tiene Dídac y dos niños con discapacidad más a acudir a los campamentos de verano del Plan Corresponsables. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Igualdad que destina dinero al Instituto Aragonés de la Mujer para organizar campus en las comarcas.
Con dos pancartas, una nevera y una sombrilla de playa, Eva Maura se ha plantado frente a las puertas del Edificio Pignatelli sin fecha prevista para abandonar el lugar, cansada de que no le hagan caso y no le den explicaciones. “No sé cuantos días voy a estar aquí, pero mi niño va a tener un campus de verano”, asegura. Con esta “sentada”, la madre de Dídac, representa a las tres familias con niños con discapacidad que se encuentran en esta misma situación en la localidad.
Eva Maura relata que durante tres años se le ha negado a su hijo el acceso a los campamentos de verano del Plan Corresponsables por una “falta de recursos”. Sin embargo, denuncia que este plan marca como prioridad para entrar a sus campus a una serie de colectivos entre los que se encuentran las “personas con discapacidad”. “Tienen derechos en ley”, afirma Maura, quien añade enfadada que “la inclusión firmada en papel que maravillosamente bien, pero tiene que estar dotado porque si aseguras que hay plazas prioritarias para estos niños, pero si no hay dinero no sirve para nada”.
Aunque la legislación no establece una ratio fija de monitores por niño, sí obliga a ajustar los apoyos humanos necesarios en función de la discapacidad y el grado de dependencia del menor. En este caso, según detalla Maura, dos de los niños tienen reconocidos grados II y III de dependencia, mientras que el tercero está pendiente de evaluación, aunque todo apunta a otro grado III. De acuerdo con los criterios habituales, estos tres menores requerirían la atención de, al menos, dos monitores especializados. “Al principio pedíamos uno solo, peor como se nos ha negado, ahora vamos con todo”, cuenta.
CAMPUS PRIVADOS
El año pasado, Dídac acudió a un campus privado que realizan en su colegio debido a que le “subvencionaron” para que pudiera participar. En este sentido, afirma que fue una estrategia para “quitárseme de encima” y que “ellos en sus campus públicos no tuvieran que poner a personal especializado”. Las tres familias están de acuerdo en que este campamento es la mejor opción para sus hijos, pero no todos pueden “permitírselo”. Por tanto, los campus públicos del plan son la única opción “asequible” a la que podrían acceder aunque se tengan que trasladar a otras localidades.
“Yo necesito que mi hijo acuda durante los meses de verano a un campamento porque vivimos en un pueblo y no tenemos red familiar. Por él, por mí y por mi salud mental porque yo también tengo una discapacidad mental”, afirma.
Asimismo, la madre cuenta que existe otra opción que es un campus privado “carísimo” que lleva a cabo el ayuntamiento de Tamarite en un pabellón de festejos, “sin ventanas, sin aire acondicionado y multideportivo”. “Ya sabemos que los niños con discapacidad no son grandes deportistas y menos tan pequeños, así que las tres madres nos hemos negado porque es ir a matar a los niños de calor en pleno julio”. Además de que la situación de este campus no está adaptada a este tipo de niños.
DESAPARECE LA INFORMACIÓN DE LOS CAMPUS
La última novedad en esta odisea para las familias de estos pequeños es que toda la información del campus de verano del Plan Corresponsables en la comarca de La Litera ha desaparecido de la web, así como la página para poder solicitar plaza. Sin embargo, Eva Maura consiguió realizar la solicitud a finales de la semana pasada.
“Esos niños tienen unos derechos que se saltan año tras año. Es injusto. Tenemos que pelear por todo porque no hay un protocolo. Tenemos que pelear para que los niños tengan a alguien en las aulas o para conseguir que le den terapia”, exclama, ya exhausta, Eva. Luchará durante los días que sean necesarios hasta que le den explicaciones y los niños consigan una plaza en estos campus públicos. Por el momento, ha enviado instancias al Gobierno de Aragón y a la comarca para denunciar e investigar esta situación. “Solo pedimos que los niños puedan acceder a los campamentos”, reivindica.
"Mi hijo es mi prioridad es mi vida y no tengo nada mejor que hacer que luchar por lo derechos de mi hijo. Porque si no lo hago ahora, el día que yo falte nadie alzará la voz por él", manifiesta.
