La DGA trabaja para tramitar el Anteproyecto de Ley de Entidades Privadas a principios de 2025
El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón está trabajando para tramitar en las Cortes el primer trimestre de 2025 el Anteproyecto de Ley de Ordenación de Entidades Privadas, como ha anunciado este miércoles en su intervención en el Pleno la consejera del ramo, Carmen Susín. Este será el requisito previo a la aprobación de una nueva norma que sustituya el Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados.
Un trámite que está condicionado por la financiación, “el principal escollo por el que no se ha afrontado la reforma antes” a pesar del dictamen de aprobado por las Cortes en mayo de 2021 que establecía “la necesidad de modificar el Decreto para elaborar una normativa que regule las nuevas tipologías de servicios y centros sociales”. “No podemos exigir a las entidades unas acciones sin la capacidad de ayudarles a financiarlas”, ha indicado la consejera.
Además, Susín ha aseverado que con la aprobación de la futura Ley y la consecuente modificación del Decreto 111/2992 “no se solucionarán todas las cuestiones que resultan problemáticas dentro del sistema de centros, como la escasez de profesionales cualificados, la atención a nuevas necesidades de los residentes o la accesibilidad plena de las instalaciones”, otras cuestiones para las que también ha aludido a la financiación.
EL RATIO DE ATENCIÓN EN EL TURNO DE NOCHE, POR ENCIMA DE OTRAS COMUNIDADES
La comparecencia de la consejera ha sido a petición propia para precisamente informar sobre esta normativa y analizar los requisitos y medidas actuales en Aragón tras el incendio en una residencia de Villafranca de Ebro que dejó diez fallecidos. Como ha detallado la consejera tras volver a mostrar sus condolencias, está previsto que una vez finalizada la investigación de las causas y certificadas todas las medias de seguridad, así como la autorización de apertura de la residencia, los residentes ahora alojados en Vitalia Huesca vuelvan al centro para “garantizar su bienestar”.
“El objetivo de este Gobierno es mejorar y garantizar la seguridad y la calidad de los servicios que se prestan en Aragón en la atención de personas dependientes y con discapacidad”, ha remarcado. En cuanto a la normativa de seguridad, ha asegurado que Aragón se adapta a la marcada por el Decreto que además incluye mayor previsión en centros “de difícil o imposible evacuación”.
En las condiciones laborales de los trabajadores, ha argumentado que las Comunidades no tienen “competencia exclusiva”, sino que es Estatal y con un convenio “fruto de la negociación colectiva del 30 de mayo de 2023 donde se enmarcan los sindicatos “que demandaban mejorar las condiciones”. Por otro lado, ha detallado los ratios en los turnos de noche en Aragón, de 1 auxiliar cada 35 usuarios, comparándolo con otras comunidades como Cantabria, de 1 cada 40.
Además, entre otras medidas, la consejera ha detallado que se va a actualizar el Plan de Inspección, puesto que el último realizado abarcó de 2016 a 2018 y cabe añadir mejoras sustanciales en una nueva redacción. Este documento va a recoger cuestiones como el respeto a los derechos fundamentales de las personas usuarias de centros y la calidad asistencial y desarrollará la configuración de una comisión de seguimiento en la que participarán entidades asociativas, representantes del Departamento de Sanidad, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de la Secretaria General Técnica del Departamento.
LA OPOSICIÓN CRITICA CONTRADICCIONES EN EL EJECUTIVO
La oposición ha sido crítica con la gestión del Departamento. La portavoz del PSOE, Pilimar Zamora, ha hablado de “falta de proyecto, improvisación y un compromiso que no es rotundo” además de darse contradicciones en el propio Ejecutivo en lo relativo al Decreto. “Hoy es novedoso que se va a traer nuestra Ley, pero el presidente lo ha negado”, ha denunciado Zamora. Lo mismo ha reclamado el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, quien habla de “contradicciones” y ha pedido “garantizar esa modificación del Decreto”.
En lo relativo a los ratios de trabajadores la portavoz de CHA, Isabel Lasobras, ha pedido una legislación que contemple plantillas "adaptadas a los grados de dependencia, a las necesidades de los usuarios y a las cargas reales de trabajo”. La misma línea ha seguido el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, quien ha denunciado la “carga de trabajo que afrontan en las residencias”.
Por su parte, la portavoz de Teruel Existe, Pilar Buj, ha hecho referencia a otras asignaturas pendientes de la Consejería como “la dependencia, el incremento de la ayuda a domicilio y más cuidadores” mientras el portavoz de Vox, David Arranz, ha reclamado una actualización de los servicios sociales que “refleje una realidad social cambiante y dinámica”.