Zaragoza.- El Gobierno de Aragón ha iniciado el pago de las indemnizaciones a los pacientes que sufrieron lesiones derivadas del uso del producto sanitario Ala Octa (perfluoroctano) fabricado por la empresa Ala Medics.
En el año 2014, algunos lotes del producto Ala Octa, que se utiliza en operaciones de vista (desprendimiento de retina), produjeron lesiones en los ojos de los pacientes, derivando en diversos grados de ceguera según cada caso concreto. Este producto es un líquido usado para adherir la retina al globo ocular cuando ésta se desprende.
La Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario (Aemps) emitió una alerta sanitaria retirándolo del mercado en 2015. Sin embargo, el daño ya se había causado en algunos de los pacientes en los que se habían usado lotes concretos. En España afectó a más de 100 pacientes, entre ellos 12 aragoneses (que se conozca) que han reclamado al Gobierno de Aragón.
Cinco de esos doce pacientes acudieron a la Asociación El Defensor del Paciente y, por medio del abogado Ricardo Agóiz, interpusieron reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se están resolviendo en este momento, sin necesidad de acudir a los Tribunales.
De esos cinco casos, tramitados por los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, en estos momentos el Gobierno de Aragón ya ha emitido dos Resoluciones a favor de los afectados indemnizándoles por los daños y perjuicios ocasionados con 28.616 y 42.253 euros respectivamente.
En las resoluciones se están concediendo indemnizaciones que van entre los 25.000 y los 50.000 euros, dependiendo de la magnitud de las lesiones causadas, de la edad del lesionado y de sus circunstancias sociales y profesionales. Por ello, se calcula que se llegará a una cifra cercana a los 400.000 euros.
A su vez, la aseguradora del Gobierno de Aragón está subrogándose en los derechos y acciones de los pacientes indemnizados, a fin de repetir las cantidades abonadas contra las personas y sociedades responsables de los daños causados.
En cuanto a los pacientes, si bien son discutibles las cuantías indemnizatorias, la solución adoptada por el Gobierno de Aragón es, aseguran desde El Defensor del Paciente, "la más favorable a los mismos, evitando así que sean los particulares quienes realicen el inicio de acciones legales contra empresas de ámbito internacional, cuyas sentencias podrían tardar varios años en llegar".
