Zaragoza.- Este lunes, 11 de julio, se cumple un año del incendio de la residencia de ancianos de Santa Fe (Zaragoza) que causó nueve muertos y una docena de heridos. La investigación de este suceso continúa abierta, en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de la capital aragonesa.
Eran alrededor de las 23.47 horas del 11 de julio de 2015 cuando la sala de 112 recibió el aviso del incendio. Rápidamente acudieron al lugar varias dotaciones de bomberos, ambulancias, Guardia Civil, Policía Local y miembros de Protección Civil.
Sofocado el fuego, el personal que se había desplazado hasta allí comprobó que ocho de los residentes habían fallecido -por inhalación de humo o por quemaduras- y doce habían resultado lesionados, teniendo que ser trasladados a los hospitales Miguel Servet, Clínico y Royo Villanova de Zaragoza.
Comenzó entonces el periodo de investigación en medio de numerosas muestras de afecto y condolencias por parte de las distintas autoridades, ante el incendio más trágico desde 2005.
En agosto, una residente del centro, de 62 años, fue enviada a prisión como presunta autora del siniestro. Antes, esta mujer estuvo ingresada en Psiquiatría al estar supuestamente incapacitada. Finalmente un informe de los forenses determinó que la mujer no tenía completamente anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas, lo que llevó al juez instructor a sacarla del hospital y enviarla a prisión. La mujer es una de las supervivientes y, según la investigación de la Guardia Civil, presuntamente, prendió fuego al colchón de una habitación de la primera planta.
La investigación
La investigación del incendio sigue ahora el procedimiento de Tribunal del Jurado por los tipos delictivos que se están estudiando (homicidio, lesiones, incendio...), pero todavía en su fase de instrucción, explica el abogado Ricardo Agoiz, que ejerce la acusación particular en nombre de ocho familias de afectados.
Además, se ha llamado como responsables civiles al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón. Estas instituciones "no tienen responsabilidad penal, en todo caso sería civil porque entendemos que la residencia no debería haber estado abierta, no estaba en condiciones para estarlo", apunta Agoiz.
Lo cierto es que la residencia de Santa Fe no disponía de licencia municipal de obras ni de apertura y el Gobierno de Aragón le había retirado hace casi tres años la autorización con la que funcionaba desde 1997, según informaron estas instituciones. Las instalaciones tampoco pasaron ninguna revisión sobre medidas antiincendios, según se ha determinado en la investigación.
Algunos de los residentes que sobrevivieron a esta tragedia han fallecido además durante este año. Hecho que provoca que la investigación se alargue, ya que hay que dirimir "si existe un nexo de causalidad entre los fallecimientos y el incendio o se han producido por patologías distintas", señala Agoiz.
Control de geriátricos
Tras el incendio en el geriátrico de Santa Fe, el Gobierno de Aragón puso en marcha un plan de inspección que ha conllevado en el último año el cierre de 14 residencias. Además, cinco cuentan con un expediente sancionador abierto.
El pasado viernes, el Ejecutivo aragonés hizo balance de la situación actual de las 225 residencias que hay en la Comunidad con motivo de la presentación de un nuevo plan de inspecciones. Según el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, la calidad de las mismas “es la adecuada”. En estos momentos, Jiménez ha informado de que se realizan 1,5 inspecciones diarias y que en el último año han sido inspeccionadas más de 270 centros.
El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un nuevo plan de inspección cuyas principales novedades (a las que tendrán que adaptarse los centros para mantener su licencia) son la verificación del uso de los medicamentos y el cumplimiento de la carta de derechos y deberes de los usuarios del sistema de Servicios Sociales.
Por otro lado, desde el Departamento también han informado de que se han otorgado 40 autorizaciones provisionales de apertura y 31 definitivas, se ha aprobado un cambio de ubicación física, en siete casos se les ha permitido un cambio de tipología, aumento o disminución de capacidad y se han denegado 65 solicitudes.
