Consumo propone una reforma del Código Penal para combatir la apología de la anorexia y la bulimia en Internet
Zaragoza.- El director general de Consumo, Sergio Larraga, ha comparecido hoy en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Parlamento aragonés, a petición del consejero Ricardo Oliván, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Departamento para evitar la apología de la anorexia y la bulimia, que se están detectando en determinadas páginas web de Internet.
Larraga ha expresado su deseo de encabezar desde Aragón “una reforma del Código Penal que aborde el vacío legal existente en lo que se refiere a la apología de la anorexia y la bulimia en Internet”, para, “desde el consenso, realizar una propuesta abierta en regulación penal, tipificada y garantista con otros derechos”.
El director general ha declarado que esta propuesta serviría para “evitar la apología de anorexia y bulimia, y proteger a un colectivo vulnerable de consumo, la seguridad en la red y la salud de los afectados y sus familiares”, aunque ha hecho hincapié en que “no se debe penalizar al enfermo”.
Larraga ha señalado a las empresas de búsqueda y alojamiento de contenidos en internet como “la clave para luchar contra el problema”, aunque ha reconocido que se enfrentan a dificultades “ya que los creadores de contenidos, e incluso las empresas que los alojan, se amparan en un mal entendido derecho a la libertad de expresión”.
Otros problemas, según palabras del compareciente, son “el anonimato de los autores de los contenidos, la gran falta de rigor de las informaciones que se publican, la falta de fronteras, el acceso cada vez mayor de menores a estos contenidos o que cada vez surgen con más frecuencia los contenidos peligrosos”, los cuales “hacen difícil el control y regulación de estos contenidos”, así como el impacto de este “problema social que cada vez crece más, con consecuencias muy negativas tanto para los afectados como para sus familias”. El director general ha resaltado un cambio de perfil ya que “los chicos comienzan a ser afectados por este tema y también la edad cambia, ampliándose a un rango de entre quince y cuarenta y un años, así como el nivel cultural, que abarca a gente muy distinta”.
Larraga ha señalado que desde la dirección general “se han revisado casi doscientos espacios web y nos hemos dirigido a los portales y buscadores para que se cierre o controle el acceso a estas webs”, aunque a este respecto “la respuesta es ampararse en la libertad de expresión, aunque en la práctica se cierran los espacios web y ha posibilitado que hayamos conseguido bajar en un año de dos millones cuatrocientas mil entradas al realizar una búsqueda pro Ana o pro Mia, términos con los que se refieren a la anorexia y la bulimia en estos espacios, a poco más de un millón”.
Por último, Larraga ha señalado que también se ha hablado con asociaciones de referencia como Arbada (Asociación Aragonesa de familiares de enfermos con trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia y Bulimia), “puntera en este aspecto”, y la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, además de realizar aulas de consumo e incluir un epígrafe a este respecto en la campaña de consumo responsable de internet.
La diputada del PP Carmen María Susín ha calificado el tema de “preocupante para toda la sociedad” y ha señalado que “el control del acceso a la información en internet es difícil”. Susín ha manifestado que “las webs que hacen apología están proliferando y todas las medidas de prevención son pocas”, por lo que ha abogado por “aumentar la información, ya que algunos padres ni siquiera sospechan que esto exista en la red”.
El representante del grupo socialista, Eduardo Alonso, ha “aplaudido las acciones, destinadas a frenar la apología y no castigar al enfermo” y ha incidido en “aumentar el trabajo en divulgación e información para que la gente tenga claro como detectar estas enfermedades y conozco los protocolos de actuación”. Alonso ha señalado que “el problema hay que reconocerlo y hablarlo, no ocultarlo” y ha pedido trabajar, también, en “los factores que predisponen, que precipitan y que perpetúan”.
El representante del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, se ha mostrado partidario de modificar el Código Penal a este respecto y ha señalado “no podemos permitirnos no tener medios para defendernos ante nuevos tipos de delito”, razón por la cual ha manifestado que “habría que reformar el Código Penal cada poco tiempo, ya que la sociedad esta cambiando muy rápido y el Estado de Derecho debe adaptarse”. Blasco ha pedido “profundizar tanto en la formación como en la información como manera de luchar contra esta serie de problemas importantes que por desgracia afectan a colectivos vulnerables”.
Por parte de CHA, Nieves Ibeas ha calificado la cuestión como “un tema muy complicado, con un sufrimiento muy difícil de entender”, y ha señalado que “todo lo que se haga nunca será suficiente, pero hay que hacerlo”. Ibeas se ha referido al tallaje de la ropa y ha calificado de “crueles” algunas formas de medir el cuerpo de las mujeres, defendiendo que “sigue existiendo en la sociedad una apología a la delgadez extrema, que se refleja en los desfiles de moda o en los medios”.
Para Patricia Luquín, representante de IU, “estas paginas web hablan de un estilo de vida, lo que nos muestra que es un problema social causado por el culto a la delgadez como canon de belleza que los medios de comunicación nos han vendido”, por lo que, en opinión de la diputada, “debemos actuar en el problema y en el origen a la vez, ya que si no nos quedaremos cojos”. Luquín ha señalado la complejidad del problema, como su internacionalidad “que requeriría una regulación global al tener muchas de estas empresas que alojan contenidos sus sedes en el extranjero” o el “ambiente de secta en el que viven los afectados, que identifican al resto de enfermos como su verdadera familia”.
Ley de la Dependencia
Por otra parte, la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón ha rechazado una iniciativa de IU incluida en el orden del día tramitado esta mañana con la que pretendía, según el texto, “garantizar la aplicación en Aragón” de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que, en opinión de Luquin, “está sufriendo un evidente retroceso en su aplicación”, por lo que ha pedido al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que “se ponga las pilas”.
La moción votada, que ha obtenido el respaldo de PSOE y CHA frente al rechazo de PP y PAR, incluía un total de cuatro puntos, que hacían referencia a aspectos como el abono de las prestaciones económicas o el servicio “a las más de 8.900 personas que en Aragón tienen reconocida la prestación y que, a día de hoy, no se les está garantizando”, la necesidad de poner en marcha de un plan de inversión pública en la construcción de una red de servicios públicos y la petición de pagar, “en tiempo y en forma”, las plazas públicas concertadas en residencias de mayores gestionadas por ayuntamientos o comarcas, para “evitar las situaciones de vulnerabilidad y de falta de liquidez que se han vivido este año”.
En este sentido, la portavoz del PP, María Ángeles Orós, ha justificado su posición en la necesidad de “evitar falsas expectativas”, puesto que, en su opinión, “se trata de una ley con un contenido bueno, pero que no se ha aplicado y desarrollado como debería haberse hecho y se ha ido descafeinando”, a la vez que ha recurrido “a los que gobernaban en 2006, que no se preocuparon de crear un sistema económico independiente que garantizara su aplicación”. Por su parte, Blasco, en nombre del PAR, ha presentado una enmienda al texto que no ha sido aceptada, y con la que pretendía, según sus palabras, “ser realistas ante la situación económica actual, ya que nosotros es evidente que apoyamos la ley”.
Mientras tanto, María Victoria Broto, que ha sido la encargada de defender la postura del PSOE, ha asegurado que “sonroja tener que pedir que se cumpla una ley, más si se trata de un asunto como la dependencia”, y ha aportado una serie de cifras en relación a los efectos de su aplicación para lamentar que “el PP ni siquiera cumple lo que ha quedado en esta ley tras los recortes”. En la misma línea, Ibeas, desde las filas de CHA, ha defendido que “ser realista es defender la aplicación de una ley”, en referencia a las alusiones sobre la disponibilidad económica, y ha denunciado que se está incumpliendo el marco legal existente, en relación a la Ley de Servicios Sociales de Aragón de 2009, puesto que, según ha asegurado, “plantea la gestión directa por encima de la privada en este ámbito, y estamos viendo como ocurre todo lo contario”.