Comienza el proceso de embargo de 6,7 millones de euros a la compañía del Yak-42
Zaragoza.- El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza ha iniciado el proceso de embargo por un valor de 6,7 millones de euros en concepto de indemnizaciones contra la compañía Ukranian Mediterranean Airways (UM Air), propietaria del Yak-42 accidentado en 2003, y la contratista del vuelo, Chapman Freeborn.
En un auto firmado por la titular de este Juzgado Pilar Rubio se ordena a ambas empresas que comuniquen su relación de bienes para hacer frente al pago de las indemnizaciones para los familiares de las víctimas del accidente de Turquía, en el que fallecieron 62 militares españoles. El escrito advierte a ambas empresas de que podrán ser sancionadas si no comunican sus bienes o si excluyen del listado bienes propios susceptibles de embargo.
El importe a embargar asciende a los 5,1 millones de euros en concepto de indemnización principal e intereses vencidos y otros 1,5 millones de euros, que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que puedan devengarse hasta el pago efectivo de las cantidades fijadas en sentencia.
No obstante, desde Chapman Freeborn se mandó un escrito el juzgado en el que se manifestaba que carecía “totalmente” de bienes y derechos en España. Para ello, alega que tiene una personalidad jurídica propia y diferenciada de las otras compañías del mismo grupo empresarial que pudieran operar en España.
Situación que desespera a las familias de las víctimas de los 62 militares españoles muertos en el accidente aéreo del Yak-42 en Trabzon (Turquía). Su letrado, Eudald Vendrell, del despacho barcelonés Gay&Vendrell, ha señalado que buscarán hasta el último subterfugio para cobrar lo que les corresponde.
La Audiencia de Zaragoza desestimó los recursos presentados por las aerolíneas responsables para no hacer el pago.
Sentencia del juzgado
La sentencia señaló que el accidente se debió a que las maniobras realizadas por la tripulación fueron “gravemente negligentes”, ya que se dirigieron hacia el aeropuerto de forma “temeraria”. También, la juez del caso, María Teresa del Real, reconoce que el personal de a bordo “no sabía dónde estaba”, porque acabaron en el Sur cuando pensaban que estaban sobre el mar, puesto que disponían de todos los medios técnicos en correcto estado de funcionamiento para haber realizado el aterrizaje con seguridad.
Aunque en la vista oral el informe de la comisión turca fue puesto en duda por parte de los abogados de las tres aerolíneas, la sentencia mantiene que éste establece con “claridad” que las maniobras de aproximación al aeropuerto para aterrizar por parte de la tripulación fueron incorrectas y que la tripulación dirigió voluntariamente el avión hacia la zona sur del aeropuerto donde le estaba vedado ir, sin que se conozcan los motivos por los cuales se realizó esta "muy deficiente" maniobra. Asimismo, da por correcto que no funcionaba el registrador de voz en cabina (CVR), por lo que no existen más datos.
Además, la sentencia, de 146 folios, asevera que las ni las condiciones meteorológicas ni los dispositivos técnicos que disponía el aeropuerto turco de Trabzon para facilitar el aterrizaje fueran causa o contribuyeran al siniestro.