Zaragoza.- Un funcionario de la Delegación del Gobierno de España en Aragón ha sido detenido por, presuntamente, cometer desde su puesto de trabajo un delito de cohecho. Junto a él, otras tres personas más han sido arrestadas por miembros de la Guardia Civil.
La investigación se remonta varios meses atrás y ha sido iniciada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
Desde la administración de la que es titular Gustavo Alcalde se han limitado a confirmar dicha operación, pero no han ofrecido más datos al respecto, ya que continúa abierta y el juez ha decretado el secreto en las actuaciones. No obstante, fuentes consultadas han reconocido que el funcionario habría solicitado dinero a cambio de favores al frente de su puesto laboral.
A los cuatro arrestados por el momento se les imputa el delito de cohecho, si bien al trabajador público, que no ha sido detenido en su puesto de trabajo, también se le considera autor de varios delitos contra la Administración pública.
El Código Penal señala que quien incurra en un delito de cohecho se enfrenta a la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años. Por otra parte, en el caso de que en el marco de esta operación fueran detenidos particulares, éstos se enfrentan a los mismos años de cárcel que el funcionario.
Asimismo, el delito contra la Administración pública está con multas de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
