El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, con el que se determina la capacidad ordinaria de acogida de menores no acompañados por parte de las Comunidades Autónomas, multiplica por cuatro las plazas reservadas para Aragón, que pasará de este modo de 104 a 444. Al mismo tiempo, los servicios de acogida de la DGA se preparan para dar cabida a 251 jóvenes procedentes de las Islas Canarias y Ceuta, el otro punto que se ha desatascado este martes por parte del Gobierno Central. Y como hasta ahora, el Ejecutivo autonómico recurrirá.
De acuerdo a la nueva normativa, Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (2017), Melilla (28) y Ceuta (27) son las regiones que contarán con una reserva de plazas inferior a la aragonesa. Por encima se encuentran Murcia (507), Castilla-La Mancha (692), País Vasco (731), Canarias (737), Castilla y León (783), Galicia (886), Valencia (1,767), Madrid (2.325), Cataluña (2.650) y Andalucía (2.827).
Estas cifras se fijan en función de la población como el criterio de mayor ponderación, un 50%. El resto, a partir de la renta per cápita bruta disponible de las familias (13%), tasa de paro inversa (15%), el esfuerzo en atención a los menores no acompañados en los últimos seis meses y el ratio por cada 100.000 habitantes (6%), la diferencia de plazas existentes respecto “al promedio deseable de disponer de una por cada 2.500 habitantes” (10%), ser ciudad fronteriza, a excepción de Melilla (2%), insularidad (2%) salvo Baleares, y dispersión poblacional (2%)
En el caso de Aragón, el año pasado se llegó a superar en un 207% el límite de 104 para esta tipología, según informó la DGA a comienzos del pasado mes de junio. Los 444 cupos asignados están igualmente por encima del pico simultáneo de 2024, cuando en diciembre se registraron 216 usuarios.
Tras conocerse las nuevas dimensiones del sistema de acogida, el Gobierno regional ha avanzado que recurrirá también este último decreto, como ya sucediera con la convocatoria de la Conferencia Sectorial (desestimado por la Audiencia Nacional). O, sin ir más lejos, el propio texto pactado por el PSOE y Junts para la reforma de la Ley de Extranjería, el primer paso del proceso.
“No cumple ningún criterio, se hace con unos datos que desconocemos absolutamente y responde sólo al interés de Pedro Sánchez y a sus pactos con los independentistas. Lo estamos viendo en cómo se está produciendo la salida de los menores de protección internacional que el Estado tiene que sacar de Canarias por orden del Tribunal Supremo. Está siendo un auténtico caos”, ha reiterado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.
La responsable del ramo ha incidido en que “nadie sabe quién va a tutelar a los menores”. “No hay nadie al volante”, insiste. Desde la DGA sostienen asimismo que el Gobierno Central ha mantenido un tono “coercitivo” con las Comunidades Autónomas, tanto por parte del presidente Pedro Sánchez, señalan, como de mano de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
En cualquier caso, Aragón no incumplirá la ley y ya trabaja en dar respuesta a la llegada de 251 menores, si bien este martes por la mañana decían desconocer si se había producido o si iba a ocurrir, y a la reforma del número de plazas. Según han explicado fuentes del Ejecutivo, se ha producido una reunión con las distintas asociaciones de acogida dependientes del Ministerio de Inclusión y que colaboran en este tipo de procesos, de la que no han trascendido más detalles.
Al margen de los menores no acompañados, la Comunidad reserva otras 157 plazas para situaciones que requieren de protección, cuatro para embarazadas, 21 de discapacidad, 45 en centros de internamiento, quince en centros de conducta y 18 para aquellos inmersos en procesos de reubicación familiar. A esto se suman otras tipologías, como los jóvenes extutelados.
