Acusan a un contable de tramar con un constructor el embargo de un terreno con una deuda falsa
Zaragoza.- Un asesor contable y un constructor de Vitoria se enfrentan a tres años de prisión por engañar supuestamente a un cliente del primero con el objetivo de conseguir el terreno de su propiedad por un precio muy inferior al que tenía. Al parecer, F. J. Hierro, se inventó una deuda del empresario de mil euros y fingió que la notificaba en direcciones en las que era consciente de que no iba a recibir con el objetivo de que la Administración acabara embargándole la finca valorada en 86.000 euros.
El Ministerio público sostiene que, a su vez, se puso de acuerdo con el constructor, M. Aguirre, para que fuera el único que se enterara de la subasta de modo que pudo adquirirla por 12.000 euros. Para afirmar esto, la fiscal argumenta que ambos procesados se conocían previamente y que acudieron al lugar de la subasta, que se celebró en Tarazona, juntos en el mismo coche.
La víctima afirma que se enteró de todo lo sucedido cuando un agente inmobiliario de Gerona, la provincia donde se encuentra la parcela, le comunicó que un hombre se había puesto en contacto con él con el objetivo de gestionar la venta del terreno. El demandante ha alegado este lunes en el juicio que el asesor ha “traicionado su confianza” porque “nos conocíamos de toda la vida” y afirma que no entiende “todo lo que ha montado para conseguir un terreno que era su jubilación”.
En la vista ha comparecido también el hijo de la víctima, que posee la sede de su oficina a escasos metros de la del contable, y ha declarado que “se llevó una sorpresa cuando se enteró de que un hombre estaba intentando vender el terreno y no entiende por qué el asesor está haciendo esto porque le está causando un disgusto muy grande a mi padre”. El testigo ha señalado además que “si realmente existía esa deuda pendiente el asesor o uno de sus empleados podría haberse acercado a mi oficina, a 50 metros de la suya, porque me conoce perfectamente, como ha hecho otras veces”.
El contable, por su parte, asegura que notificó la factura pendiente por las vías legales correspondientes y que no obtuvo respuesta, por lo que se vio obligado a poner en marcha el embargo porque “lo único que quería era que se me pagara el dinero pendiente”.
La acusación, ejercida por Manuel Macua, pide para los encausados una pena de cuatro años de cárcel. Mientras, las defensas, llevadas a cabo por los letrados Saez de Asteasu y Guevara, solicitan por su parte la libre absolución al considerar que todos los trámites se realizaron dentro de la legalidad.