Los Técnicos de Emergencias Sanitarias han comparecido este miércoles en las Cortes para denunciar una situación de “desgaste” y problemas reiterados que viene de la década pasada. Con el convenio desactualizado desde 2018 y después de dos años de huelga con servicios mínimos del 100% en el transporte sanitario urgente, aseguran que su situación no ha cambiado pese al cambio de empresas adjudicatarias, ahora con Tenorio e Hijos en el 061 y la previsión de que el grupo andaluz SSG se haga cargo del programado.
“Es misión imposible vivir con salarios de 2018 en 2025”, ha valorado el representante de CGT y delegado sindical, José Villa. En la Comisión de Comparecencias Ciudadanas, ha recordar que “hace diez años ya se pagaba por debajo de la hora ordinaria” y con el tiempo se han perdido “dietas y arrastres de jornada” o han perdido peso criterios como la antigüedad. “Los recursos económicos, ni profesionalizan ni mejoran el sector”, ha apuntado.
Pese al incremento de los distintos pliegos, el sindicato hace hincapié en la falta de programas de formación, mantenimiento de los vehículos y de medios para prestar la atención sanitaria. Estiman que por esta cuestión la adjudicataria está percibiendo 600.000 euros más cada mes. “Más por el mismo trabajo”, ha añadido Villa.
A la situación de Aragón se suma el hecho de que todavía no se ha creado la categoría de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES). Estos figuran como conductores o camilleros, “con titulaciones y funciones sin reconocer ni pagar a pesar de ser exigidas por el Salud”. “Es una condena en vida”, ha insistido.
Villa ha criticado que ciertas opiniones buscan convertirlos “en los malos de la película”, cuando en realidad, dice, “todas las empresas se saltan los límites”. “Los TES somos el músculo del 061 y el Salud fuera de los hospitales y centros de salud. Lo que está pasando ya pasó en otros concursos y adjudicaciones”, ha remarcado.
CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE PP Y PSOE
De los grupos políticos, PP y PSOE han protagonizado un cruce de acusaciones a cuenta de la gestión del servicio urgente, que se licitó con el Gobierno socialista y cuyo contrato ha continuado en marcha con los populares, quienes también devolvieron el transporte 24 horas en los pueblos pero no han logrado avances con el nuevo convenio o el fin de la huelga. Susana Gaspar (PP) y Carmen Rouco (Vox) han tachado los pliegos de “chapuza” después de que Sergio Ortiz (PSOE) llamase a buscar si hay “enriquecimiento ilícito”.
El PAR, que formó parte del anterior Ejecutivo, ha criticado la “falta de facilidades” por parte de la adjudicataria para mejorar las bases. Tanto Isabel Lasobras (CHA) como Pilar Buj (Aragón-Teruel Existe) han pedido estudiar la creación de una empresa pública de ambulancias, propuesta que llegó a las Cortes de la mano de los turolenses pero decayó con los votos en contra de PP, Vox y el PAR.
