El Tacpa da la razón a Aetrans y anula el concurso del transporte terrestre del 112 Aragón

La asociación Aetrans elevó un recurso el pasado mes de junio a través de la letrada Gema Conde. Foto: 112 Aragón
photo_camera La asociación Aetrans elevó un recurso el pasado mes de junio a través de la letrada Gema Conde. Foto: 112 Aragón

El Tribunal de Contratos de Aragón (Tacpa) ha anulado finalmente la licitación del servicio de transporte terrestre del 112 en la Comunidad, a la que concurrían la andaluza Ambulancias Tenorio e Hijos, adjudicataria del transporte sanitario urgente desde junio, y la UTE Safety Services Aragón, formada por Ambulancias Maiz y Soluciones Integrales de Emergencia S.L. Lo ha hecho a raíz de la denuncia el pasado mes de julio de la asociación Asociación de Empresarios del Transporte Sanitario (Aetrans), firmada por la letrada Gema Conde.

Según la resolución, aluden al incumplimiento Ley de Contratos del Sector Público, así como de la legislación “en materia de transporte, en relación con el objeto del contrato”. Más concretamente, los artículos 63,3b, 65.2. 99.1 y 126, aplicados con errores de forma. Por ejemplo, a través de este último se “vulnera” teóricamente “la legislación en el establecimiento de las prescripciones técnicas exigidas”.

Continuando con el recurso, consideran no se tienen en cuenta correctamente los puntos 100.2 y 102.3 de la citada norma por defectos a la hora de “establecer el valor estimado del contrato y el presupuesto de la licitación, por error en la identificación del convenio colectivo sectorial aplicable”. La última parte de la denuncia se refiere a los apartados que definen “la solvencia técnica exigida”, además del teórico incumplimiento de directrices de la Unión Europea.

FALTA DE CONCRECIÓN

Una de las alegaciones fundamentales es la falta de concreción en la tipología de los vehículos y la autorización administrativa para su funcionamiento. “Lo que la Entidad Adjudicadora (la DGA) está demandando en el presente contrato es la prestación de un servicio ante emergencias de Protección Civil”, expone la letrada, “sin especificar qué tipo de transporte terrestre es el competente” para poder llevarlo a cabo.

El anterior departamento de Presidencia, con Mayte Pérez a la cabeza, había previsto una inversión de 9,5 millones en cuatro años para el pliego. Este verano, antes de la llegada del nuevo Ejecutivo, seguía adelante el concurso e incluso se llegó a programar una apertura de sobre pública para conocer las ofertas de las dos empresas que superaron la criba, aunque finalmente se retrasó. Según informaron fuentes implicadas en el proceso a ARAGÓN DIGITAL, tuvo que ver con el cambio de Gobierno y no con el recurso.

LA RELACIÓN CON TENORIO

El movimiento de Aetrans Sanit levantó polémica por la supuesta relación entre la letrada que lo firma y Tenorio e Hijos, que optaba a hacerse con el servicio. En 2020, Conde y Aetrans formalizaron un recurso sin éxito contra la empresa Asepeyo en Guadalajara, a la que se adjudicó el transporte sanitario no medicalizado.

No solo eso. En abril de este mismo año, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía sí admitió el requerimiento de la misma abogada por el que se paralizó la licitación de la contrata de ambulancias urgentes de Málaga, que estaba en manos de Tenorio hasta la entrada de una nueva empresa. En su escrito, Conde alegó que no se ajustaba a derecho porque no garantizaba el Plan de Igualdad plasmado en el propio pliego.

La noticia llega pocos días después de la denuncia de los sindicatos ante la Fiscalía a Tenorio por las deficiencias en el transporte sanitario urgente que se vienen acumulando desde junio. Los comités de empresa cifraron en hasta un centenar las desactivaciones de ambulancias en las tres provincias aragonesas, lo que pone a los pacientes “en peligro”. Según su versión, se han producido fundamentalmente “por falta de dotación de personal”.

A esto se suma el anuncio por parte del presidente, Jorge Azcón, de que presentará una oferta antes de que se cumplan los primeros cien días en el Pignatelli, por la que esperan mejorar el polémico pliego. Siempre “dentro de los márgenes” que permite la Ley de Contratación del Sector Público y cerrando la puerta a rescindir el contrato, lo que tendría un alto coste para las arcas autonómicas.