Las audiencias legislativas sobre el proyecto de ley para crear el Instituto de Salud Pública de Aragón han continuado este miércoles con valoraciones de distintas entidades vinculadas a la Sanidad sobre el texto legislativo propuesto con el fin de mejorarlo. Durante esta jornada, se ha dibujado un diagnóstico compartido: Aragón necesita reforzar con urgencia la salud pública tras la pandemia, pero el texto presentado deja “dudas” sobre su alcance real y sobre cómo se articulará el Instituto de Salud Pública de Aragón (ISPA) con estructuras ya existentes.
En la sesión han intervenido el jefe de servicio de Mataderos, Industrias Cárnicas y Exportaciones, Justo Ripalda; la presidenta de la Red Española de Atención Primaria, María Rosa Magallón, y el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Eduardo Satué. Cada uno ha puesto sobre la mesa diferentes mejoras que, a su juicio, deberían incorporarse antes de aprobar la ley definitiva. Los expertos han coincidido en que la reforma es necesaria, aunque han reclamado “mayor concreción, evitar duplicidades y garantizar que Atención Primaria tenga un papel activo y no subordinado”.
“EVITAR DUPLICIDADES”
La intervención más crítica ha llegado Red Española de Atención Primaria. María Rosa Magallón ha recordado que la pandemia evidenció “la precariedad de la salud pública en Aragón” y la necesidad urgente de reforzar recursos y estructuras. Sin embargo, considera que el texto presentado “replica” funciones ya recogidas en la ley de 2014 y en la actual Dirección General de Salud Pública, “sin aportar un valor añadido claro”.
Magallón ha defendido que el documento debería precisar con mucho más detalle qué funciones específicas tendrá el Instituto, qué objetivos persigue y cómo se coordinará con Atención Primaria. A su juicio, la relación que describe la ley es “unidireccional”, orientada desde salud pública hacia los centros asistenciales, cuando debería ser un trabajo “con y para los profesionales”, no un esquema de dirección desde arriba. Ha recordado que durante la COVID “sufrimos la ausencia de personal de salud pública”, un déficit que complicó la respuesta en centros de salud y residencias.
La presidenta de la Red Española de Atención Primaria también ha advertido de que el texto atribuye al Instituto competencias en investigación que ya desempeña el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. En sus palabras, crear una estructura paralela supondría “una duplicidad innecesaria” que implica más costes sin justificación y que podría generar solapamientos con los grupos ya consolidados. “No lo vemos necesario”, ha afirmado, insistiendo en que Aragón cuenta con equipos potentes y reconocidos en este ámbito.
Además, ha lamentado que el proyecto no incluya una planificación precisa de los recursos humanos del futuro organismo. “Si quiere montar un Instituto de Salud Pública, planifíquese”, ha reclamado al señalar que la ley no detalla cuántos profesionales se necesitan, con qué perfil ni para qué funciones concretas. Ha pedido también “un debate más sereno, más detallado y más específico”, al considerar que la norma, tal y como está redactada, no aporta cambios sustanciales respecto a la estructura vigente.
Justo Ripalda ha defendido la sostenibilidad económica del futuro Instituto, que supondrá un incremento presupuestario “de entorno a seis millones de euros”, cubierto en gran parte por la actualización y reestructuración de tasas sanitarias. Ha explicado que la creación de una nueva tasa 57 permitirá financiar controles y actuaciones inspectoras en salud pública, ajustando los precios al “valor real del servicio prestado” y a la creciente actividad del sector agroalimentario.
También ha subrayado que la inversión en salud pública genera un retorno económico directo y evita costes asistenciales. Según ha dicho, este esfuerzo presupuestario “siempre tiene un gran impacto en la economía”, tanto por la protección de la salud como por la seguridad alimentaria y el impulso al sector exportador. Además, el Instituto podría atraer nuevos fondos nacionales, europeos y de investigación, reforzando la capacidad financiera actual.
SESPAS PIDE REFORZAR TALENTO Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
Desde Sespas, Eduardo Satué ha contextualizado el proyecto en un momento de transformación profunda de la salud pública. Ha defendido la creación del Instituto como una oportunidad para dotar a Aragón de un modelo más sólido, técnico y estable, pero ha advertido de que su éxito dependerá de cómo se definan sus funciones y de cómo se articule con otras instituciones.
Satué ha reclamado que el ISPA impulse un cambio de enfoque, pasando de un sistema reactivo a uno predictivo basado en análisis avanzado de datos, vigilancia integrada y evaluación de riesgos. También ha insistido en que la salud pública, por sí sola, no puede afrontar los determinantes de salud actuales —urbanismo, educación, condiciones laborales, medio ambiente o vivienda—, lo que exige una coordinación intersectorial estable y no solo mecanismos “reactivos” ante cada problema.
Ha puesto especial énfasis en la necesidad de desarrollar una carrera profesional propia para los especialistas en salud pública, un ámbito que, según ha dicho, suele ocupar “el patito feo” dentro del sistema. Para atraer y retener talento, considera imprescindible ofrecer estabilidad, proyección y reconocimiento, además de autonomía técnica para evitar depender del ciclo político.
En su intervención ha advertido, además, de que el futuro Instituto deberá trabajar en red con la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, con otras comunidades y con las entidades locales, ya que “hay una parte muy importante de salud pública que pertenece a las entidades locales y con las que hay que colaborar y dotarles de recursos”. A su juicio, este trabajo en red será clave para fortalecer la respuesta ante riesgos climáticos, emergencias sanitarias y desigualdades sociales.
