Zaragoza.- El 26 de mayo de 2003, 62 soldados españoles y trece personas de la tripulación morían al estrellarse el avión con el que volvían desde Afganistán en unas montañas cercanas a la localidad turca de Trebisonda. A partir de aquel día, lunes como en este quinto aniversario, esta ciudad pasó a la historia colectiva no por haber sido un importante Imperio en la Edad Media, sino por haber sido el escenario de esta tragedia.
No pasó mucho tiempo cuando se empezó a hablar de claroscuros en el accidente. Treinta de los cadáveres fueron entregados a sus parientes mal identificados. Dos años después de la tragedia, los familiares y algunos grupos políticos exigen que se depuren responsabilidades políticas y apuntan directamente al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Este punto está aún por resolver puesto que el magistrado de instrucción Fernando Grande-Marlaska trasladó la decisión al Tribunal Supremo y este órgano lo ha trasladado a su vez a la Audiencia Nacional, según noticias de última hora. Las formas en las que lo hizo le valió el rapapolvo de sus “superiores”, ya que además de apremiarles, les envió el auto sin los informes correspondientes.
Los familiares han pasado cinco años peleando en los juzgados para que, algún día, todos descansen en paz. La primera lucha ha sido lograr, simplemente, que se investigue. Uno de los abogados que ha estado desde el principio junto a ellos, Leopoldo Gay, lo manifestaba así “los familiares están conmocionados porque no se investiga como en otros juzgados, pero saben que el camino es éste, ya que consiguieron desenterrar a los suyos, a pesar de que el juez decía que no”. Es el caso judicial de la constancia, de la perseverancia pero también de la esperanza, su principal motor.
Esta esperanza tiene desde el principio un nombre: Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano que se ha encargado de poner orden a la falta de voluntad de investigar por parte de los dos jueces de instrucción que han estado al mando, tanto Teresa Palacios, desde 2003 a 2007, como Fernando Grande-Marlaska, a partir de 2007. Frente al gesto de tratar de archivarlo todo, casi de una manera automática, ambos jueces se han encontrado con las familias, que siempre han presentado recurso los autos hasta que han logrado desbloquear un proceso, que tiene distintas ramas.
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Los soldados llevaban cuatro meses y medio en misión de paz en Afganistán |
El proceso judicial: la causa penal
En la Audiencia Nacional hay abiertos dos sumarios, el caso de la contratación del Yak, el delito imputado es el de 62 homicidios por imprudencia grave y el de las falsas identificaciones de los cadáveres, por falsedad documental continuada. En el primero de los casos, hay cinco imputados y se está pendiente de que el Supremo decida sobre la de Trillo. Todos ellos son altos mandos militares. Los familiares siempre han destacado que el miedo de los militares a testificar, ha constituido un freno en la evolución del caso.
Hasta este año, solamente habían pasado por la sala tres testigos de los quince que lo han hecho. Lo que demuestra el impulso que ha tenido este caso desde el 8 de enero, cuando la Fiscalía pidió la reapertura del caso. El 22 de enero la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional corrigió a Marlaska y reabrió la investigación sobre el Yak-42, por haberse precipitado, y no haber realizado diligencia alguna de investigación, faltando a la tutela efectiva.
Entre los testigos llamados a declarar destacan el comandante Bendala, que declara como testigo ante Marlaska, revela amenazas por negarse a volar en aviones ex soviéticos. El ex ministro de Defensa Federico Trillo, envía al juez sus respuestas escritas como testigo –se negó a declarar en persona-, y culpa del Yak-42 a la cúpula militar. En marzo declararon ante el juez cinco directivos, como testigos, de la contratista del Yak-42, Chapman Freeborn en España, echan toda la culpa del contrato a la filial de su empresa en Alemania. Y, en abril el ex ministro de Defensa, José Bono dice al juez que se ocultaron datos de intermediarios del Yak-42, y que la cúpula militar y el Ministerio conocían las quejas sobre el mantenimiento de los aviones rusos, antes del accidente.
El Fiscal Fernando Burgos pidió la imputación del entonces jefe Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno; la del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general Juan Luis Ibarreta; la del jefe de la división de operaciones del EMACON, contraalmirante José Antonio Martínez, y las del coronel jefe y el comandante de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yáñez y Alfonso Elías Lorenzo. Esta solicitud produjo un giro de 180 grados en el caso. A los cinco se les acusa de, que a pesar de recibir las quejas, previas al accidente, sobre aviones ex soviéticos, permitieron el despegue de un vuelo ilegal, según desveló la comisión internacional de investigación Turca.
En el caso de las falsas identificaciones de los cadáveres, la tónica ha sido la misma. La juez Teresa Palacios rechazó la denuncia de los familiares, los familiares recurren y la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se declara competente para investigar las posibles responsabilidades penales, en la contratación del vuelo así como en las identificaciones, en un auto de once páginas.
Posteriormente, el juez Grande-Marlaska lo archivó, al no encontrar delito en los documentos, pese a calificarlo de "grave e imprudente", la actuación de los sanitarios. La acusación y Fiscalía recurrieron la decisión. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, vuelvió a corregir a Marlaska, le ordenó reabrir el caso de las identificaciones, y ordenó celebrar juicio oral contra tres militares imputados.
Hay cuatro imputados, tres ellos están pendientes de declarar desde el 29 de abril, para que se les procese para el juicio oral, en el procedimiento declararon cinco testigos. La causa pendiente de los escritos de acusación, previo al juicio, consta de quince tomos.
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Los soldados estaban en Kabul |
La causa civil en Zaragoza
En la causa civil, que se sigue en Zaragoza, están imputadas la aerolínea, UM Air, la contratista, Chapman Freeborn y la aseguradora, Busin Joint. Este procedimiento comenzó el 2 de febrero de 2004, cuando el despacho de Martín Chico presentó en el juzgado civil de Zaragoza -destino del vuelo-, una demanda contra la compañía propietaria del avión Yak-42 siniestrado a su regreso de Afganistán, Ucranian Mediterranean Airlines (UM Air), esta recayó en el Juzgado de Primera Instancia número dos, dirigido por el juez Ángel Dolado Pérez.
La compañía arremetió contra las familias, diciendo que “eran conscientes del riesgo que conllevaban los fallecidos, siendo militares destacados en un país de conflicto, como Afganistán”, y que estaban “advertidas psicológicamente de una pérdida fatal”, continúa “que todo militar esta dispuesto a morir, y sus familias lo saben”. Las familias indignadas señalaron, que el vuelo no se incluía en los riesgos lógicos de la misión. El juez apoyó esta tesis.
Antes de celebrarse el juicio, el 27 de diciembre de 2004, se había presentado una nueva demanda que paralizó el proceso. Las familias denunciaron a la empresa contratista del avión, Chapman Freeborn. Le solicitaban las mismas cuantías que a UM Air. Aparte, algunas familias han demandado a la reaseguradora ucraniana del vuelo, Busin Joint Stock Insurance, lo que provocó una serie de retrasos a la hora del juicio.
La última audiencia previa fue el 4 de noviembre de 2005, y se puso fecha al juicio: 24, 25, 26 y 27 de enero de 2006. En la primera sesión del día 24, tres militares que comparecieron como testigos asegurando que los fallecidos viajaban sin billetes. El convenio de Varsovia, que regula el transporte aéreo, establece las limitaciones de indemnización en caso de accidente en 130.000 euros por pasajero, salvo que haya negligencia de la tripulación y la compañía, o bien que los pasajeros viajen sin billetes.
Según la sentencia, y basándose en el informe de la Comisión de Investigación de Turquía y en el informe pericial de uno de los peritos que testificaron en el juicio, el juez Dolado calificó de "ilegal" el vuelo del Yakovlev.
El 4 de septiembre de 2007, la Audiencia Provincial de Zaragoza en la Sección IV celebró una vista oral, sobre los recursos de apelación presentados por las familias de las víctimas del Yak-42, y por las empresas condenadas, contra la sentencia del 10 de febrero de 2006. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó repetir el juicio, por haberse citado incorrectamente a Chapman Freeborn.
El 29 de febrero de 2008, la Audiencia, volvió a apoyar a Chapman, y aceptó la recusación contra el juez Ángel Dolado, y le apartó del caso por falta de “parcialidad”. Ahora la nueva jueza ha fijado para el 30 de julio de 2008, la audiencia previa al juicio oral, pasado el quinto aniversario del accidente.
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El mayor de los soldados muertos tenía 52 años y el menor 19 |
Los 62: con nombres y apellidos
Como sucede con los accidentes de tráfico o las víctimas de la violencia machista, al final se habla de cifras, pero raramente se menciona que, a grandes rasgos cada uno de los muertos tiene un círculo cercano e íntimo, formado como mínimo por diez o quince personas, a las que el drama afecta directamente. A grandes rasgos, lo que sucedió aquel 26 de mayo cambió la vida de un millar de españoles.
Había soldados de todas las Comunidades Autónomas menos de Baleares. Madrid: doce víctimas; Castilla y León: ocho víctimas; Aragón: siete víctimas; Comunidad Valenciana: cinco víctimas; Castilla la Mancha, Galicia: cuatro víctimas; Cantabria: tres víctimas; Asturias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, La Rioja: dos víctimas; Andalucía, Canarias, Murcia, País Vasco, Navarra: una víctima. Y otros tres militares nacionalizados, aunque procedentes de Francia, Guinea Ecuatorial y Marruecos.
El mayor tenía 52 años, el subteniente López y el menor 19, era el soldado Oriz. Divididos por Ejércitos, quedan de la siguiente manera. Ejército de Tierra: teniente coronel José Ramón Solar; comandante José Antonio Fernández; comandante Antonio Novo; comandante Felipe Antonio Perla; comandante José Manuel Ripollés; capitán Manuel Gómez; capitán Ignacio González; capitán Santiago Gracia; capitán Juan Ignacio López; capitán José María Muñoz; capitán Jesús Mariano Piñán; teniente David Arribas; teniente Antonio Cebrecos; teniente Mario González; teniente Sergio Maldonado Franco; subteniente Godofredo López Cristóbal; brigada César Barciela; brigada Juan Bonel; brigada Francisco Javier Cobas; brigada Miguel Ángel Díaz; brigada Emilio Gonzalo; brigada Juan Carlos Jiménez; brigada José Ignacio Pacho; sargento Primero Blas Aguilar; sargento Primero Francisco de Alarcón; sargento primero Francisco Javier Hernández; sargento Primero Sergio López; sargento Primero Iñigo Maldonado; sargento primero Rafael Martínez; sargento primero Alberto Antonio Mustienes; sargento David González; sargento Eduardo Hernández; sargento Juan Ramón Maneiro; sargento Juan Jesús Nieto; sargento José Gabino Nve; sargento Miguel Sánchez; cabo primero Juan Jesús Rivas; cabo Primero Feliciano Vegas; cabo primero José Ignacio Viciosa; y cabo José Israel Ferrer.
Ejército del Aire: teniente David Gil Fresnillo; brigada José María Pazos; brigada Eduardo Rodríguez; brigada Francisco; brigada Pedro Rodríguez; alférez David Paños; sargento Primero José M. Sencianes; sargento Primero José Luís Moreno; sargento primero Miguel A. Algaba; sargento primero Ismael Hipólito Lor; sargento primero José Antonio Tornero; sargento Francisco J. Cardona; subteniente Joaquín Álvarez; cabo primero Fernando España; cabo primero Vicente Agulló; cabo primero Juan C. Bohabonay; cabo Javier Gómez; soldado David García; soldado Edgar Vilardell; soldado Miguel Ángel Calvo; y soldado Carlos Oriz. A estos hay que sumar el comandante de la Guardia Civil Javier García.
