UPyD considera que los servicios sociales deben ser competencia del Estado pero ser gestionados por los ayuntamientos
Zaragoza.- Unión Progreso y Democracia (UPyD) se ha reunido este miércoles con los representantes de Cermi Aragón, Marta Valencia, y el presidente del Foro Aragonés del Paciente, Tomás Mainar. Así, la agrupación magenta apuesta por que los servicios sociales deben ser de competencia estatal para eliminar las diferencias entre los distintos territorios, aunque deben ser gestionados por los ayuntamientos, ya que estas administraciones son las más cercanas al ciudadano.
El coordinador de UPyD Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad, Carlos Aparaicio, ha señalado durante este debate sobre Igualdad y Salud, que lo primero que hay que hacer es “cambiar el término gasto, en asuntos sociales, por inversión social” debido a que los recursos invertidos en discapacidad “generan puestos de trabajo, nuevas oportunidad de desarrollo y un beneficio económico para la sociedad”.
De esta manera, Aparicio ha señalado que creen interesante la creación de una oficina única de atención al discapacitado que forme y oriente a los usuarios. La labor de entidad debería ser ofrecer un servicio de inserción laboral para dinamizar el empleo en este colectivo.
Además, desde la agrupación consideran que hay que promover servicios de asesoramiento a las empresas y una guía de orientación para se sensibilice también a las pymes con este colectivo.
Otra de las propuestas de UPyD en relación a este tema es que se deberían intensificar las inspecciones para hacer cumplir la cuota de reserva del 2% para discapacitados en empresas de más de 50 trabajadores, así como prohibir por ley que puedan recibir subvenciones las empresas que están incumpliendo estas cuotas.
Otras de las propuestas son el respeto a la accesibilidad, la promulgación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la agilización de la tramitación de las solicitudes de servicios y prestaciones racionalizando la aportación de documentos y la orientación de las prestaciones a la necesidades reales de los beneficiarios, priorizando la prestación de servicios sociales a las prestaciones económicas.