El Gobierno de Aragón, finalmente y con batalla judicial de por medio, se ve obligado a remitir al Gobierno Central los datos relativos a los menores migrantes no acompañados que actualmente están atendidos por el sistema autonómico de protección.
Así lo ha confirmado la consejería de Bienestar Social y Familia que, en las próximas horas, hará efectivo el envío después de que este lunes se conociesen los dos autos judiciales que afectan al recurso presentado por la DGA contra el Decreto Ley estatal que regula el reparto de estos menores entre las comunidades autónomas.
La confirmación llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Aragón, desestimando las alegaciones del Gobierno central, que buscaban la inadmisión del proceso. Sin embargo, en un segundo auto, el tribunal ha denegado las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico que lidera el popular Jorge Azcón, que pedía paralizar el envío de datos al Ministerio de Juventud e Infancia hasta que se resolviera el fondo del recurso.
LOS DETALLES, ESTE MARTES
El Gobierno de Aragón ha anunciado además la convocatoria de una rueda de prensa para explicar públicamente los datos que serán remitidos, en cumplimiento del requerimiento estatal. Será este martes 3 de junio a las 09.30 horas en la sala de prensa del Edificio Pignatelli. La Comunidad era la única que hasta ahora no había enviado esta información, solicitada desde el Ministerio con el objetivo de coordinar la acogida de menores migrantes no acompañados entre los distintos territorios.
Por tanto, tras el pronunciamiento judicial, la DGA deberá enviar los datos en cuestión en las próximas horas. Fuentes cercanas a la consejería que lidera Carmen Susín han aclarado a ARAGÓN PRESS que si bien el envío aún no se ha confirmado oficialmente, se producirá "en breve".
Desde la propia consejería, al mismo tiempo, insisten en que el recurso responde a la necesidad de defender la competencia autonómica en materia de protección de menores y no supone una negativa a la cooperación en la acogida, sino una cuestión de forma en cuanto a la aplicación del decreto estatal.
