Zaragoza.- El recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Aragón presentó por considerar que el Estado había vulnerado sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía, para estudiar las inversiones del Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado ha sido desestimado.
La posición que el Ejecutivo autonómico planteaba con este recurso es que el Estado había vulnerado los principios de colaboración y lealtad institucional en sus relaciones bilaterales, recogidos en el artículo 88 del Estatuto de Autonomía, y las atribuciones de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros entre ambas instituciones para "estudiar las inversiones que el Estado realiza en la Comunidad de Aragón", en el artículo 109.2.
Por el contrario, el Tribunal Constitucional (TC) considera que "no es posible afirmar que los mecanismos de cooperación no hayan funcionado y que se hayan infringido los principios de colaboración y de lealtad institucional" para estudiar las inversiones estatales en los Presupuestos. En este sentido, el TC, en interpretación de los artículos del Estatuto, determina que el estudio de estas inversiones no ha de ser "anual" ni "anterior a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado".
Además, la doctrina constitucional refleja que "el Estado es el único competente para establecer los casos y los modos" en los que ha de "verificarse" la participación bilateral entre el Estado y Aragón, y que "no es función de las Comunidades la de elegir en cada momento cuál es la fórmula de colaboración que mejor se adecúa a sus intereses".
