Aragón y el Gobierno Central viven lo que ya puede considerarse una guerra abierta desde las declaraciones y el ámbito judicial. La consejera de Bienestar y Familia de la DGA, Carmen Susín, ha reiterado este miércoles su voluntad de recurrir “todos los actos administrativos” derivados del pacto entre PSOE y Junts para la reforma de la Ley de Extranjería, a partir del cual se elaborará el nuevo reparto de menores migrantes de Canarias.
“Aragón no va a permitir que un partido xenófobo y racista como es Junts, que no quiere inmigrantes mayores ni menores en Cataluña, decida sobre las políticas de la Comunidad Autónoma”, ha declarado Susín. Es su respuesta a las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a quien ha tachado de “incoherente” por denunciar “conductas racistas” en el rechazo del requerimiento de los datos de acogida y formar parte de un Gobierno que “ha metido a un partido filoetarra en la Moncloa”, en referencia a Bildu, y se rige “al dictado de un prófugo de la Justicia”, también en alusión a Carles Puigdemont.
Rego “puede decir lo que quiera”, ha continuado Susín, que la DGA ya anunció un frente judicial por considerar que el real decreto-ley “es inconstitucional”. Tanto es así que no ha ofrecido novedades sobre la solicitud del Ministerio para aportar los datos de acogida de menores, cuyo plazo finalizó el lunes con Aragón como la única Comunidad que no ha presentado las cifras. La fecha límite se ha extendido hasta el jueves de cara a subsanar posibles imprecisiones, al margen de la negativa del Ejecutivo autonómico, que se reafirma en su postura hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicte sentencia sobre la paralización cautelar del proceso.
La responsable ministerial apuntó la posibilidad de recurrir a los datos de diciembre de 2023 para “redimensionar” el reparto de menores. A juicio de Susín, sería también inconstitucional e incurriría en un incumplimiento del futuro real decreto, que se convalidará en el Congreso el próximo día 10. “Aragón tiene la obligación de defender su autonomía”, ha reiterado la consejera a raíz de esta misma cuestión.
En declaraciones a los medios, ha salido al paso de las declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunidad, Fernando Beltrán. “Ha dejado manifiesta su política ‘low cost’ si piensa que con tres millones de euros se puede atender a los menores. Desconoce totalmente lo que es. Lo que queremos para los niños españoles acogidos es lo mismo que para todos”, ha señalado.
