Sánchez urge a Aragón y otras tres comunidades a garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Madrid y Baleares para exigir que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley. "Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", comienza el escrito remitido por Sánchez y al que ha tenido acceso EFE.
Sánchez pide concretamente en este requerimiento formal a los presidentes autonómicos que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, advierte el presidente en la misiva. El presidente recalca que el registro de personas objetoras de conciencia es una herramienta "indispensable" para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso al aborto en los hospitales públicos.
Recuerda que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 16 de diciembre del año pasado el protocolo específico para la creación de estos registros y que los acuerdos de coordinación aprobados por unanimidad son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes del Consejo. Un año después, el jefe del Ejecutivo lamenta que estas cuatro regiones sigan sin dar los pasos necesarios para “garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 9 de mayo de 2023”.
Insiste en que el respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio. Por eso, emplaza a los presidentes de estas cuatro comunidades autónomas a crear y regular cuanto antes los registros o, de lo contrario, en tres meses se activará los mecanismos legales para que los pongan en marcha.
"El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías", concluye Sánchez.
LA MINISTRA HABLA DE “INCUMPLIMIENTOS SISTEMÁTICOS”
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aludido a esta misma cuestión en una entrevista a Radio Nacional, que recoge también EFE, calificando lo sucedido de “incumplimientos sistemáticos”. "Se está requiriendo a las comunidades autónomas para que cumplan con el registro de objetores, pero también los requisitos legales que permiten realizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías. Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español", ha defendido.
En palabras de la responsable del ramo, "no se está cumpliendo la ley, esa es la dura realidad y hay muchas mujeres que tienen dificultades”. “Se trata de homologar el derecho, de permitir que todas las mujeres puedan ejercerlo con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio", añade.
Redondo ha responsabilizado a la influencia ejercida por Vox de estas decisiones y ha llamado a blindar el derecho al aborto en la Constitución. "Hay que pedirle al PP que se aclare con dónde quiere estar: avanzando en igualdad o mimetizándose absolutamente con Vox", ha resaltado.