Sánchez exige “transparencia absoluta” a Aragón en la gestión de la sanidad, educación y dependencia
El choque entre el Gobierno central y las autonomías dirigidas por el Partido Popular, entre ellas Aragón, se ha colado este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez les ha exigido “transparencia absoluta” y ha anunciado que requerirá por ello datos sobre la gestión de los servicios públicos, en especial educación, sanidad y dependencia, que después se pondrán “a disposición de la opinión pública”.
En el caso de la DGA, Sánchez se ha detenido en el cierre de “682 camas cerradas en los hospitales públicos” por parte de la Consejería de Sanidad que dirige José Luis Bancalero. Cifra que coincide con las que se clausuraron este verano, como suele ser habitual en el periodo estival, aunque esta vez el número creció en un 14% respecto al mismo periodo de 2024, como apuntaron en su momento distintos sindicatos.
Las alusiones llegan en plena polémica por los datos de los programas de cribado de cáncer, que el Ministerio requirió a Aragón y las demás regiones del PP la semana pasada. Una circunstancia, en cualquier caso, que Sánchez no ha focalizado en el territorio aragonés durante su intervención en sede parlamentaria, en la que ha puesto el acento en Andalucía, origen de este último conflicto.
Los datos que pretende recopilar el Gobierno central, ha dicho Sánchez, servirán para ver “dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas”. “Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros, el no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Aragón sí tenía previsto enviar el registro de objetores), trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor. Vamos a defender con uñas y dientes el Estado del bienestar”, ha manifestado el presidente.
Sánchez ha expresado desde la tribuna del Congreso que “defender España” es “apostar” por los servicios públicos y no “crear polémicas vacías” alrededor de asuntos como la inmigración o invertir el 5% del PIB en armamento. “La España que nos iguala y nos integra es la de lo público. Y eso, señorías del Partido Popular y de Vox, ustedes no van a destruirlo, sencillamente porque no les vamos a dejar”, ha asegurado.
CRUCE DE DECLARACIONES
Se da la circunstancia de que también este miércoles, e igualmente desde Madrid, el consejero José Luis Bancalero ha lanzado nuevas críticas a la ministra Mónica García, precisamente sobre la polémica con los cribados. Lo ha hecho en el marco de la reunión interterritorial. La ha acusado de crear “alarmismo” “Es una falta total de rigor, una falta total de respeto a nuestros profesionales y especialmente a esos técnicos que están en ese grupo de trabajo para decidir qué indicadores son los más adecuados, cómo tienen que ser esos indicadores para que estén estandarizados y homogéneos para todas las comunidades autónomas. Es de risa que una ministra diga que le enviemos los datos que tengamos y que le vale un simple Excel”, ha apuntado.
Con la palabra “alarmismo” ha definido también la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, a los partidos y asociaciones que participaron en las manifestaciones del pasado fin de semana en defensa de la sanidad pública. Vaquero ha defendido la reducción de las listas de espera quirúrgica en la actual legislatura frente al “ánimo de agitar por parte de la izquierda”.