El PSOE de Teruel ha expresado su rechazo al momento elegido por el Gobierno de Aragón para la entrada en vigor del nuevo reglamento de precios y reservas de servicios turísticos, aprobado mediante el Decreto 78/2025 y publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el pasado 17 de julio. La normativa comenzó a aplicarse ayer, coincidiendo con el periodo de mayor actividad turística del año.
Para el PSOE Teruel, la entrada en vigor, ayer mismo, del Decreto 78/2025 para una nueva regulación de los precios y reservas de los servicios turísticos de Aragón refleja una “total falta de planificación y de conocimiento del sector” por parte del Gobierno de Jorge Azcón, pues supone “cambiar las reglas del juego a mitad del partido, justo cuando más gente está jugando”. De esta forma, han lamentado que pese a la petición expresa formulada por los socialistas, el consejero Blasco no haya dispuesto una moratoria para su aplicación.
El secretario de Turismo de la Ejecutiva turolense, Carlos Casares, ha señalado: “Modernizar y actualizar está bien, lo que no está bien es imponerlo en plena campaña de turismo condenando así a todos nuestros establecimientos”, añadiendo que en plena temporada alta, “cuando los establecimientos están hasta arriba de reservas”, la adaptación a esta nueva regulación es un “esfuerzo añadido” en “el peor de los momentos”.
Casares ha añadido que esta “complicación más” puede ser mucho mayor en los pequeños establecimientos o los que solo abren en temporada. “Para los grandes establecimientos esto puede ser simplemente una adaptación, pero para los pequeños negocios o los de temporada va a suponer un gran desembolso y vivir bajo la amenaza de una sanción desde los 600 hasta los 6.000 euros por una infracción leve o incluso se pueden retirar hasta temporalmente las licencias”, ha dicho el secretario de Turismo de la Ejecutiva socialista sobre una medida que obliga a digitalizar los procesos e incluso a poner en marcha registros sanitarios.
Para los socialistas turolenses, el sector turístico no debe pagar “la ineficacia y desconocimiento del sector” del Gobierno de Azcón que, aseguran, legisla y dicta normas “sin pensar en las consecuencias inmediatas” de su cumplimiento, por lo que insisten en pedir una moratoria en su aplicación o, al menos, que no se impongan multas en los primeros meses.
