El PSOE pedirá a Rudi en el Debate de la Comunidad que exija a Montoro la retirada de la reforma local

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha anunciado que volverá exigir a la presidenta Rudi, durante el Debate sobre el estado de la Comunidad, que pida a Montoro la retirada de la reforma local. Los socialistas entienden que el Gobierno de España "criminaliza” a los alcaldes para "privatizar servicios".

Zaragoza.- La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que tiene previsto realizar el Gobierno de España será una de las protagonistas del Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebrará la próxima semana en las Cortes de Aragón. Así lo pretende realizar el PSOE que volverá a pedir a la presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, que exija en Madrid la retirada de dicho proyecto.

El portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Javier Sada, ha afirmado que es una nueva solicitud a la jefa del Ejecutivo aragonés después de que ella “haya olvidado el mandamiento de las Cortes que así se lo exigía”. “No vamos a permitir que se intente criminalizar a los ayuntamientos con el objetivo de disminuir el gasto a través de quitar servicios a los ciudadanos”, ha apostillado durante la rueda de prensa.

Asimismo, Sada le ha recordado a Rudi y a su consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, que mientras ellos dicen que la reforma local “no va a derivar en ningún tipo de privatización, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reconoció que una de las ideas es que las empresas privadas entren en los servicios que se prestan en los municipios”. “Van a pagar a precio de oro, por ejemplo, el uso de las piscinas”, ha aseverado.

Para Sada, es tal el despropósito de esta normativa que “el Consejo de Estado le ha dado un revolcón y ha afirmado que podría ser inconstitucional”. “No es gente municipalista y si dicen que no es bueno este Gobierno se lo debería hacer mirar”, ha recalcado.

Finalmente, ha concluido con la idea de que esta transformación de la ley “no está justificada económicamente, ni controla a alcaldes, ni evita la duplicidad de servicios y acaba metiéndose en la competencia local”.