El valenciano Carlos Mazón se convirtió este lunes en el primer presidente de las regiones gobernadas por PP y Vox hasta el pasado verano en dar el paso y anunciar un preacuerdo para los Presupuestos de 2025, cuando van ya tres meses y medio de prórroga en la propia Valencia, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia por el veto de sus antiguos socios. Lo hizo tras mostrar de forma explícita su rechazo a la acogida de migrantes y al Pacto Verde europeo, como celebró el propio Santiago Abascal.
Solo Marga Prohens (Baleares), aunque con Vox fuera del Gobierno y retirando las cuentas después por falta de apoyos, había transitado la senda de un Mazón que se ha comprometido a aplicar medidas “inasumibles” o casi por el PP aragonés. Por ejemplo, la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el grupo III, que abarca hermanos y sobrinos. Una propuesta, si bien ampliada hasta el IV (primos), que los populares tumbaron en las Cortes a finales del año pasado por su elevado coste para las arcas autonómicas, de entre 400 y 500 millones de euros anuales.
En Aragón, Azcón anunció en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad que bonificaría al 99% hasta el grupo II, para lo que cuenta con el apoyo del exvicepresidente Nolasco y su grupo, aunque la medida va hilada a la aprobación de las cuentas, paralizadas a su vez por las consabidas líneas rojas en materia migratoria, que Mazón ahora sí transita. Al margen de la inmigración, donde PP y Vox no han parado de tener choques en las Cortes, el acuerdo presupuestario de la Generalitat plantea un recorte de dos puntos del impuesto de Transmisiones Patrimoniales este año y el próximo, equiparar el de Patrimonio al de Grandes Fortunas o suprimir las tasas a los pescadores.
Unas cuentas condicionadas por la reconstrucción de la región vecina tras la DANA, pero marcadas también por la eliminación de las subvenciones a todas las ONG “con apoyo a la inmigración ilegal”, implementar pruebas periciales para determinar la edad de los inmigrantes ilegales, algo que también se rechazó en el parlamento aragonés, o “reservar una partida para impulsar con Vox un plan de retorno de ilegales”. Este último punto, aunque propuesto por el propio Nolasco, es terreno sin explorar.
La cooperación al desarrollo sufrirá un recorte de en torno al 40%, incluido el final de las subvenciones “propalestinas” y el convenio con Unrwa, y se plantea del mismo modo suprimir “todas las partidas” relacionadas con la Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible y del citado pacto verde. En materia lingüística, se recortará “significativamente” la Academia Valenciana de la Lengua (la aragonesa se eliminó, no así la mención al catalán como lengua propia) y las subvenciones de promoción del valenciano. Vox también plantea profundizar en la Ley de Concordia, que la DGA tramitó como Plan, y mantener solo los fondos destinados a las exhumaciones y búsqueda de cadáveres.
ARAGÓN, A LA ESPERA
En Aragón, las conversaciones todavía no han comenzado. Desde el Ejecutivo reconocen que desbloquear la tramitación de las cuentas depende en buena medida de Santiago Abascal. El último en pronunciarse fue el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, el pasado viernes. “No depende de aquí”, aseguró en declaraciones a los medios. Las cuentas son también una pregunta recurrente para la portavoz, Mar Vaquero, quien ya se toma con humor el no ofrecer novedades al respecto.
Desde Madrid, y tras conocerse el pacto en Valencia, Borja Sémper abrió la puerta a que estos acuerdos para “seguir dando estabilidad” se puedan extender al resto de antiguas coaliciones. No obstante, matizó desde Génova que su rechazo al Pacto Verde tiene que ver más con luchar frente a la “hiperregulación” del sector agrario que por la derogación de líneas estratégicas defendidas por la comisaria europea, Úrsula Von der Leyen.
En Vox, Ignacio Garriga instó al resto de presidentes autonómicos populares a seguir el ejemplo de Mazón. La consigna está clara: “Esta es la dirección”.
