Vuelta a la actividad en las Cortes de Aragón. El hemiciclo ha retomado este jueves la rutina con el primer Pleno del año que ha servido para hacer balance de la segunda mitad de la anterior legislatura. PP y Vox han cargado contra el PSOE por el legado del cuatripartito, centrándose en la elevada temporalidad, que alcanza ya la mitad de los trabajadores públicos de la DGA, y la ejecución de los fondos europeos, mientras que los socialistas han defendido su gestión, entre otras cuestiones, habiendo reducido la deuda en 2022 por primera vez en 20 años.
De esta forma, en sus informes de 2021 y 2022, la Cámara de Cuentas cifra la ejecución de fondos europeos en un 24%, es decir, 154 de los 492 millones que la administración autonómica recibió en estos años, siendo “prácticamente nula” en sectores como la Energía y la Vivienda, por debajo del 1%. “Estos fondos no se pierden y pueden incorporarse a los presupuestos siguientes, pero supone trasladar una mayor carga de gestión al programa, que tiene que estar ejecutado al cierre de 2026”, ha advertido el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña.
Mientras, los informes reseñan que la tasa de temporalidad ya ha pasado de ser un “asunto de gestión interna” a un “problema” que “condiciona el funcionamiento de los servicios”. Con 60.665 empleados, la tasa de temporalidad alcanza el 49,5%, “muy superior al del conjunto de las administraciones publicas españolas, y muy lejos del compromiso de la UE, que establece el 8% como tasa de temporalidad para finales de 2024”, ha advertido Peña.
PP, PSOE Y VOX, PRIMER ROUND
Así, en un Pleno que se avecina tenso y largo, con intensos debates sobre la memoria democrática y el trasvase, PP, PSOE y Vox han vivido un primer round con la “herencia” recibida por el nuevo Ejecutivo. La popular María Navarro cree que los informes “denotan” la “nefasta gestión” del anterior Gobierno y las críticas a la nueva DGA “a sabiendas de la foto que habían dejado”. “¿Cómo pueden criticar a la consejera de Educación, cuando recortaron 12,36 millones de comedores escolares para pagar nominas de funcionarios? ¿Cómo puede hablar al consejero de Hacienda del pago a proveedores cuando incumplieron los limites legales en todos los meses de 2022? ¿Cómo pueden hablarle de gestión a Sanidad cuando el pago a proveedores del Salud estuvo en 86 días?”, ha reprochado.
Mientras, el portavoz socialista, Óscar Galeano, considera que la gestión del cuatripartito ha sido “eficaz, eficiente y flexible”, más allá de los “problemas estructurales”, como la “infrafinanciación” de 500 millones de euros, solventada en 2021 con una inyección del Estado de 500 millones de euros. “Nos preocupa por el hecho de que a esta infrafinanciacion se le une que el presidente Azcon haya decidido renunciar a ingresos necesarios para pasar ese dinero al bolsillo de los ricos de la Comunidad, rebajando impuestos a las bajas fortunas. Si tenemos poco, y nos quitamos, blanco y en botella”, ha incidido.
Por su parte, el diputado de Vox Fermín Civiac ha definido los informes como una “historia de miedo” con “numerosísimos errores de conceptos básicos”, y poniendo el foco en la ejecución de los fondos europeos. “Con la necesidad de vivienda de Aragón, que de 68 millones solo gestionáramos 600.000, muestra la gestión de la administración. Se ve que la especialidad socialista no es la gestión, sino la ocultación, adjudicación a dedo y gasto sin control”, ha afirmado.
RESTO DE LA OPOSICIÓN
A su vez, María Pilar Buj, de Teruel Existe, ha cuestionado el “mal uso” del FITE, empleado para “sustituir la inversión ordinaria” como la rehabilitación de escuelas rurales. Además, el portavoz de CHA y exconsejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha enumerado algunas “diferencias de criterio” con la Cámara de Cuentas, aunque sí ha reconocido el “gravísimo problema” de la tasa de temporalidad.
Finalmente, Andoni Corrales (Podemos) ha valorado la presencia de su formación en el Gobierno, que, asegura, permitió “gestionar a un palmo de la gente” y no con la “austeridad” de la crisis de 2008. Álvaro Sanz, de IU, ve una “irresponsabilidad” hablar de “bajadas masivas de impuestos” con un déficit estructural de 400 millones de euros. Y el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, considera “fundamental” corregir la baja ejecución de los fondos europeos, ya que “no podríamos permitirnos que vuelvan a su lugar de origen”.
