Madrid.- El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, ha reiterado la apuesta de su departamento por la convivencia con el lobo en el medio rural, "porque es una especie protegida", y ha asegurado que el Gobierno de Aragón asumirá los costes que se derivan de esta situación, y no los ganaderos.
Olona ha hecho estas declaraciones en Madrid Fusión tras ser preguntado por la presentación este miércoles en Sariñena de la Plataforma Contra el Lobo. Sobre esta plataforma, al consejero le parece "bien" todo lo que se haga para "informar y debatir, con lealtad y no para confundir".
Tras admitir que "la convivencia con el lobo deriva daños", Olona ha dicho que "no tendría ningún sentido que el Gobierno apueste por la convivencia" con este animal y que "lo tengan que pagar los ganaderos", por lo que "esos costes los pagará el Gobierno de Aragón". En virtud de esta "coherencia", su departamento ha dispuesto "los medios financieros a través del presupuesto para satisfacer esos daños" y adoptar "las medidas convenientes". En concreto, se trata de una partida de 500.000 euros para este 2018.
"Nuestra posición es muy clara", ha dicho el consejero: "Seguimos apostando por la convivencia con el lobo, porque es una especie protegida, y hacemos un llamamiento a los ganaderos para que sepan que nuestra posición es coherente con la conexión que tiene que haber entre ganadería extensiva y biodiversidad".
En este sentido, Olona ha explicado que el lobo está detrás de la muerte de más de 200 ovejas, "que son muchas", y ha rechazado el dato de los ganaderos, que lo cifran en 400 reses. "Esa cifra", ha dicho el consejero, "incluye muertes por otros motivos, concretamente por un ataque de perros que no tuvo nada que ver con el lobo". Por todo esto, Olona ha pedido que "no hay ningún fundamento" para dejarse llevar por "alarmismos".
"El ICA se tiene que pagar"
Olona ha insistido en que el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) "se tiene que pagar" y ha asegurado que "el Instituto Aragonés del Agua va a reclamar absolutamente todos los recibos impagados, siguiendo el procedimiento administrativo establecido".
El consejero ha añadido que se trata de una cuestión "puramente jurídico administrativa" y que no será él quien contribuya "a generar más confusión sobre unos procedimientos administrativos que ofrecen las máximas garantías para los ciudadanos".
