Más diálogo, mejores formas y respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Estas son las condiciones que el consejero de Vivienda en el Gobierno de Aragón, Octavio López, ha exigido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para poder alcanzar un acuerdo en torno al diseño y la cofinanciación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El titular de Vivienda del Gobierno de Aragón se ha expresado en estos términos durante su intervención en la Conferencia Sectorial convocada hoy por la máxima responsable de la cartera ministerial, Isabel Rodríguez, a la que han acudido los consejeros del ramo de las comunidades y ciudades autónomas. Desde la DGA se denuncia que esta cita venía pidiéndose desde las CCAA para poder realizar "propuestas y aportaciones" al mencionado plan.
"Llega después de que el Ministerio decidiera someter a consulta pública el proyecto de Real Decreto que regulará el plan, sin antes abrir un plazo de consultas y de participación con las autonomías, que son realmente las administraciones que ostentan las competencias en materia de vivienda", recoge la consejería del ramo en Aragón a través de una nota de prensa.
"UN PLAN QUE NO SE HA NEGOCIADO"
Ante tal contexto, Octavio López ha reprochado a la ministra que haya puesto sobre la mesa un plan que "no se ha negociado, se impone y no pretende resolver el problema sino imponer ideología". "Un plan con el que no se piensa en el medio plazo, sino en la rentabilidad política inmediata y que hace de la vivienda un espacio de confrontación y no un lugar de encuentro como debería ser”. Por todo ello, el consejero aragonés ha señalado que “en Aragón no podemos dar nuestro aprobado al plan a día de hoy”.
El Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé triplicar la inversión del plan anterior, hasta los 7.000 millones de euros, pero reduce el porcentaje que aportará el Estado, del 75% al 60%, e incrementa lo que han de asumir las comunidades autónomas a partir de 2026, que pasa del 25% al 40%. Además, recoge otras dos imposiciones para poder acceder a sus fondos: blindar el parque público de manera permanente e impulsar un sistema único de datos públicos. Para Octavio López “es obvio que no se pueden calificar de compromisos imprescindibles estas cuestiones que ni se han discutido ni atesoran un consenso general”.
A este respecto, el responsable aragonés de Vivienda se ha preguntado el porqué de esas variables y ha cuestionado la inexistencia de una negociación previa entre el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos. Al margen del recorrido que tenga el Proyecto de Real Decreto y la futura implantación del Plan Estatal de Vivienda para los próximos cinco años, Octavio López ha querido enviar un mensaje de tranquilidad porque “el Gobierno de Aragón está ejecutando el Plan Aragón Más Vivienda que nos va a permitir impulsar cerca de 5.000 viviendas públicas en esta legislatura, de las que más de 2.000 ya están en marcha”.
Este plan, a seis años con una inversión pública de 400 millones de euros, triplica la inversión que el Estado realiza en la comunidad autónoma en materia de vivienda. “Nuestra inversión con fondos propios está en estos momentos en 40 millones al año, por los 14 que aporta el Ministerio, lo que se traduce en una exitosa implementación de las políticas de vivienda en Aragón que va a seguir adelante independientemente de que se acabe aplicando o no el plan estatal, aunque sería deseable que este saliera adelante con otro talante por parte del Ministerio y una disposición a negociar que permita alcanzar acuerdos con las comunidades, que somos realmente quienes tendremos que ejecutar los programas de dicho plan” ha remarcado López.
DECLARACIÓN CON OTRAS 10 COMUNIDADES, CEUTA Y MELILLA
Las comunidades autónomas de Aragón, Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, Valencia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares, Castilla y León, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han suscrito una declaración conjunta en la que denuncian no haber podido intervenir en la redacción del borrador del nuevo plan estatal, máxime cuando este documento que ha definido por su cuenta el Gobierno central se vincula a los presupuestos autonómicos.
El consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido el encargado de leer esta declaración a las puertas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el que se ha pedido que la conferencia sectorial “sea el inicio de un proceso de análisis, tratamiento y concertación sobre el contenido del Plan Estatal de Vivienda, con las sesiones y grupos de trabajo que sean necesarios para llegar al máximo de acuerdo posible”.
