La Ley de Agricultura Familiar sale adelante con el rechazo de PP, Cs y Vox y reticencias del PAR

Las explotaciones familiares serán aquellas cuya producción estándar oscile entre los 10.000 y el millón de euros
photo_camera Las explotaciones familiares serán aquellas cuya producción estándar oscile entre los 10.000 y el millón de euros

La Ley de Agricultura Social y Familiar de Aragón ha salido adelante en el Pleno de las Cortes de este jueves con el apoyo del cuatripartito e Izquierda Unida y el rechazo del PP, Ciudadanos y Vox, que consideran que esta nueva norma no resuelve los problemas de los profesionales del campo. Esta era una de las principales medidas del Ejecutivo autonómico que, tras casi dos años de debate parlamentario, ha podido ser aprobada en el tramo final de la legislatura, y que incluso ha dividido al cuatripartito con el voto en contra del PAR en lo relativo al patrimonio agrario de la Comunidad.

Esta nueva Ley pretende dar respuesta al desafío que afronta el campo, inmerso en un proceso de globalización que requiere de importantes inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos que se están produciendo en el sector. En este sentido, establece criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar y social de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados hoy en día existentes, así como prioridades para un apoyo público específico que asegure su protección. El objetivo principal, es pues, concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar, por ser el que garantiza el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación.

A partir de ahora, las explotaciones familiares serán aquellas cuya producción estándar oscile entre los 10.000 y el millón de euros, y tendrán preferencia en subvenciones y cualquier otra actuación o línea de apoyo público que se desarrollen en la Comunidad. Igualmente, establece un máximo de 720 unidades de ganado mayor (UGM) a las explotaciones ganaderas intensivas.

Así, una vez superado el trámite parlamentario, plantea una actualización en los enfoques de las principales políticas públicas del sector, priorizándolas hacia el modelo de agricultura social y familiar. Además, aborda una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental.

RECHAZO DE PP, CS Y VOX

Una de las principales críticas ha venido desde la bancada del PP, cuyo portavoz en Agricultura, Ramón Celma, ha lamentado que esta ley “no atiende” el “grave problema” que sufre hoy en día el sector, que ve un aumento de su producción agraria, pero un descenso en sus beneficios. “Esta ley supone nuevos registros para agricultores y ganaderos, aumenta la inseguridad jurídica, excluyen de las ayudas a muchos ganaderos por no ser declarantes de la PAC… No entienden que con esta ley de formulas matemáticas intentan acotar un ganadero o agricultor. No saben cómo son los profesionales del territorio”, ha asegurado.

Una línea similar ha seguido el portavoz de Vox, Santiago Morón, que cree que esta norma genera “más problemas burocráticos” a los agricultores y “no repercute en la competitividad” de las explotaciones. “Con las enmiendas se restringe todavía mas el ámbito subjetivo, limitando las explotaciones que se podrán beneficiar de las ayudas”, ha afirmado.

Por su parte, Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, ha afirmado que esta ley deja fuera algunos “aspectos relevantes”, aunque sostiene que sus enmiendas “hacen que sea una ley más liberal y menos intervencionista”, como la limitación “más clara” de los requisitos para ser una explotación familiar. “Esta no es mi ley, pero podía meter cosas positivas para el campo o quedarme de brazos cruzados y decir a todo que no. No es mi ley y podía mejorarse”, ha expuesto.

RETICENCIAS DEL PAR

Mientras, desde el PAR, aunque su voto final ha sido a favor, se han desmarcado en el visto bueno al Título IV, sobre el patrimonio agrario de la Comunidad. “Nos planteaba muchos problemas de índole jurídico y de aplicación”, ha justificado la diputada Esther Peirat, que ha destacado el “diálogo y consenso” que ha presidido el debate parlamentario durante casi dos años.