Ni vulneración del derecho, ni irregularidades en la aprobación del presupuesto de la Diputación de Zaragoza para 2024. Así lo ha decretado la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza ante el recurso presentado por el Partido Popular. Más bien un fallo o, como ha definido la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, “un gran varapalo” que condena a los populares a pagar las costas del juicio.
“Sabían que era totalmente legal”, ha asegurado Lardero, quien, echando la vista a los antecesores de Azcón, ha recordado las legislaturas del popular Beamonte y del socialista Sánchez Quero. “Con Luís María Beamonte lo hicieron. Se convocaron una veintena de comisiones informativas extraordinarias y urgentes, dos de ellas para la aprobación de los presupuestos de 2012 y 2013. Lo mismo con Juan Antonio Sánchez Quero, con quien se aprobaron las cuentas en 2019, 2020 y 2021 bajo estas circunstancias y nadie dijo nada entonces”, ha detallado la vicepresidenta de la DPZ.
Este “conocimiento” de la “completa legalidad” de los procedimientos por parte del PP ha sido, según Ladrero, “una demostración de poca altura política y un completo menosprecio hacia los vecinos y vecinas de la provincia”. La socialista y alcaldesa de Ejea de los Caballeros ha señalado que el recurso presentado podría haber tenido “graves”consecuencias, ya que ello supondría “la aprobación de unos nuevos presupuestos a mitad de año, con obras ya adjudicadas”.
Tras poner en la mesa todas estas argumentaciones, Ladrero ha expresado su deseo de que esta sentencia “haga reflexionar al señor Azcón y a sus subordinados del PP de Zaragoza”. Ha insistido en el hecho de que “no todo vale” y, menos, si todo es por “conseguir un titular escandaloso para los medios y las redes sociales”.
