Tomás Guitarte, portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe y uno de los políticos más activos en la causa contra abierta contra Forestalia, ha exigido a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), fondo de inversión danés propietario del Clúster Maestrazgo tras su adquisición a Forestalia, que den un paso al frente y aclaren su papel en el macroparque, el principal proyectado en España de generación renovable, rechazando de plano el posicionamiento expresado en los últimos días, en el que la firma se desvincula de cualquier irregularidad en la tramitación ambiental.
“No acusamos a CIP de ningún delito, pero sí pedimos aclaraciones”, ha puntualizado Guitarte, marcando distancia con cualquier señalamiento directo, pero insistiendo en la necesidad de arrojar luz sobre la operación. El que también fuese diputado nacional en Madrid considera insuficiente el mensaje trasladado por la compañía y cuestiona que actúe ahora como un mero actor ajeno a lo ocurrido.
En este sentido, ha pedido que la empresa “no se ponga de perfil” y que haga público el acuerdo de colaboración firmado con Forestalia en 2020, clave -a su juicio- para entender el reparto de responsabilidades. “Queremos conocer el grado de participación en ese acuerdo. Que no se hagan los suecos”, ha lanzado, en referencia a la posición de la compañía tras las informaciones conocidas a través del medio internacional especializado "Renovables Ahora".
Guitarte ha ido más allá al poner en duda el relato de CIP sobre su desconocimiento previo de la situación. Según ha explicado, Teruel Existe ya trasladó sus preocupaciones directamente a la compañía en varias ocasiones. “En febrero de 2024 nos reunimos en la embajada de Dinamarca y en noviembre de ese mismo año en su sede central para advertirles de la gravedad del impacto en el Maestrazgo y de que las autorizaciones estaban judicializadas”, ha señalado.
Para el portavoz, el foco debe situarse ahora en aclarar qué se compró exactamente y en qué condiciones. “Dicen que adquieren proyectos con DIAs positivas, pero esas declaraciones son de 2022. Hay que aclarar qué compran, cómo lo compran y qué papel juega cada parte”, ha incidido. En esa línea, ha planteado incluso la posibilidad de una responsabilidad civil subsidiaria si se demuestra que CIP ya tenía asumida la cartera de proyectos y Forestalia actuaba únicamente como desarrollador.
“Pedimos que esa transparencia y esa tolerancia cero contra la corrupción que dicen defender se materialicen con hechos”, ha añadido Guitarte, reclamando además que la empresa dé explicaciones en España y no solo a medios internacionales. Más allá del caso concreto, el portavoz ha aprovechado su comparecencia para insistir en la necesidad de activar la Agencia Aragonesa Anticorrupción. “Los acontecimientos son lo suficientemente graves como para poner en marcha un instrumento que ya está creado”, ha concluido.
