El Gobierno lleva a Aragón al Constitucional por no ofrecer los registros de menores acogidos
La batalla judicial alrededor del reparto de menores migrantes tiene desde este martes un nuevo frente abierto. El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Política Territorial, llevará a la DGA al Tribunal Constitucional por no aportar en tiempo y forma los registros de acogida, como se fijaba tras la elaboración y posterior aprobación del real decreto-ley pactado por el PSOE y Junts. El Ejecutivo cumple así con lo que ya advirtió el ministro Ángel Víctor Torres hace varias semanas.
Según ha explicado tras el Consejo de Ministros la responsable de Educación y portavoz, la aragonesa Pilar Alegría, el recurso contra Aragón se ha formalizado una vez el texto ha quedado convalidado en el Congreso. Esto implica que el Gobierno de Jorge Azcón se salta con la negativa al requerimiento un trámite “de obligado cumplimiento para todos los territorios”.
Moncloa considera esta información “esencial para fijar la capacidad ordinaria de acogida” de cada Comunidad. Con el texto se vuelve a instar a la Consejería de Bienestar Social y Familia a “dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben”.
Del otro lado, la DGA ha lanzado ya una batería de (por el momento) cuatro recursos: dos contra las convocatorias de la Conferencia Sectorial del ramo, uno de ellos admitido a trámite por el Constitucional, otro contra el correo electrónico por el que se solicitaban los registros y uno más contra el propio real decreto-ley, en su totalidad y desgranado por artículos, además de la petición de medidas cautelares para paralizar el proceso.
El Departamento dirigido por Carmen Susín se ampara en las sospechas de inconstitucionalidad del acuerdo entre PSOE y Junts por el que se reformó la Ley de Extranjería para conformar el reparto. Hasta que el Tribunal Constitucional o el de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncien, seguirán sin aportar los datos, aunque tanto la propia Susín como el responsable de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, entre otros, han expresado que cumplirán con la ley.
El recurso elevado por el Gobierno Central alude de forma literal a unas palabras de la consejera, en las que aseguraba ante los medios que Aragón “no va a colaborar en el reparto de menores”, y a las del presidente Azcón: “forma parte de una estrategia en la que, evidentemente, la ilegalidad no queremos que se instale en nuestra Comunidad Autónoma”.
LA DGA SE RATIFICA
Este martes, la vicepresidenta Mar Vaquero ha reafirmado la posición de la DGA en términos similares. “El Gobierno de España está incumpliendo la ley con los criterios y delegando la política de inmigración en Junts, donde quien toma las decisiones es un prófugo de la Justicia. No estamos dispuestos y defenderemos Aragón a través de los recursos que consideremos oportunos”, ha valorado.
Vaquero ha reconocido que Moncloa no les ha informado de su movimiento y ha dejado la resolución en manos de los jueces. “Creemos que nos ampara la ley”, ha expresado.