“Chorrada”, “chiringuito”. “No podemos ser indiferentes a este absoluto drama. Mi pregunta es qué hace el Gobierno de Aragón dilapidando estos millones. Centrémonos en lo importante y no en dar chochocharlas”. Son algunas de las declaraciones vertidas desde Vox en el debate parlamentario desde que forman parte de la oposición sobre el Instituto Aragonés de la Mujer, uno de los principales protagonistas en el plano institucional de los actos previos al 8M, que se celebra este sábado, como ya lo fue el año pasado cuando el partido representado por Alejandro Nolasco formaba parte del Ejecutivo.
Nolasco y Ángel Samper (Agricultura), exvicepresidente primero y exconsejero, no asistieron en 2024 al acto donde la directora gerente del IAM, María Antoñanzas, se puso como objetivo que los tres centros de crisis contra la violencia sexual echasen a andar en los siguientes meses, lo que por otra parte era la fecha límite para recibir fondos europeos. De aquella promesa, hoy las tres instalaciones son una realidad y desde septiembre, con el de Huesca, han atendido 85 casos, según dio a conocer el presidente Jorge Azcón: 16 mujeres en el del Alto Aragón, quince y un menor en Teruel y 38, doce y cuatro familiares de la víctima en Zaragoza, respectivamente.
Unas instalaciones las últimas, situadas entre las calles Santa Isabel y Manifestación del Casco Histórico de capital, que el presidente Jorge Azcón calificó de “fundamentales” tanto el jueves como el viernes. Por los servicios de ayuda que se prestan, reiteró, pero también por su faceta de escaparate en la promoción de la igualdad de sexos desde la educación, la reducción de la brecha salarial o el poder atajar desde edades tempranas las muestras de violencia digital.
Palabras de elogio por el trabajo “brillante y eficaz” del IAM, cuyo papel quiere hacer extensible de forma transversal al resto de Departamentos. “El camino a la igualdad nos involucra a todos, sumando esfuerzos para garantizar que sea una realidad efectiva y no solo un principio teórico. Lo demostramos comprometiéndonos con este proceso de transformación social, económica y política que abarca a instituciones y ciudadanos”, afirmó un día después la propia María Antoñanzas.
Los alrededor de siete millones de euros (6,9) consignados en el Presupuesto prorrogado de 2024 para el IAM, pactado con Vox pese a las reticencias, han continuado dando vida a la institución responsable, por ejemplo, de los citados Caivis, algo que no pasó por alto Azcón en declaraciones a los medios. La cuantía ha sido uno de los puntos que la formación voxista ha puesto en el punto de mira entre sus exigencias para aprobar las nuevas cuentas, si bien ha quedado opacada por el debate migratorio (o la “ruptura” con los pactos entre populares y socialistas en Bruselas).
Fruto de esa “batalla cultural”, como también la ha definido Vox, el grupo parlamentario de las Cortes defenderá la próxima semana una Proposición No de Ley para pedir la derogación de la denominada Ley trans aragonesa (de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género). Un nuevo frente pendiente desde la firma del Pacto por la Gobernabilidad de Aragón en agosto de 2023 y a su vez una de las primeras discrepancias con el PP, que de entrada solo pretendía modificar artículos puntuales.
