La Fiscalía lleva a los tribunales al alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, por contratos y dietas bajo sospecha
La investigación por parte de la justicia aragonesa hacia Lucio Cucacón, alcalde de Aguarón, ya es una realidad. La Fiscalía Provincial de Zaragoza ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 5 contra el todavía presidente de la Comarca Campo de Cariñena, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público. El caso se ha activado después de que la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón trasladara este verano un escrito con posibles irregularidades detectadas en contratos y gastos municipales y comarcales.
Ese escrito, apoyado en informes del secretario-interventor y en documentación recabada por la DGA, expone que en 2024 se habrían adjudicado contratos por valor de unos 235.000 euros a una misma mercantil vinculada a un primo de Cucalón, una cifra equivalente al 22% del presupuesto anual del Ayuntamiento. Entre ellos figura un contrato de 109.234,55 euros para instalaciones fotovoltaicas, declarado nulo por el Consejo Consultivo por graves irregularidades, con la instrucción de adjudicarlo a la otra empresa que concursó. Además, se habrían formalizado al menos 21 contratos menores al margen de procedimiento.
EL INFORME DE LA FISCALÍA SEÑALA “PAGOS INJUSTIFICADOS”
La documentación remitida también detalla relaciones societarias y de parentesco entre Cucalón y socios de la empresa Electra Aguarón S.L., así como adjudicaciones y pagos en la Comarca sin la publicidad exigida y con ofertas vinculadas entre sí, extremo que, de confirmarse, falsearía la concurrencia. Consta, por ejemplo, un contrato de mantenimiento de instalaciones térmicas por 14.400 euros sin acreditar adecuadamente la libre competencia, además de otros pagos (823,41 y 10.862,82 euros) que podrían fraccionar contratos.
El informe añade, bajo el epígrafe “pagos injustificados”, la percepción mensual por parte de Cucalón de dietas y desplazamientos por 11.850 euros hasta enero de 2025, así como gastos protocolarios reiterados sin soporte suficiente, incluyendo dos comidas de 3.261 y 1.883 euros. La DGA afirma que algunas dietas se habrían justificado con reuniones no celebradas ante la propia Dirección General, Protección Civil o la FAMCP, extremo que niegan los organismos consultados. Este bloque ya se ha remitido también al Tribunal de Cuentas.
En paralelo, la Dirección General alerta de la externalización de funciones reservadas a habilitados nacionales (secretaría-intervención y control financiero) mediante facturación a asesorías externas tanto en el Ayuntamiento como en la Comarca, con importes que superarían lo previsto en contratos menores y conceptos que podrían invadir competencias del personal funcionario. Además, se describe una situación deficitaria de cobertura de plazas de secretaría e intervención en la Comarca y el consistorio.
El oficio recuerda que Cucalón ya arrastra causas penales como un procedimiento abreviado en Daroca por falsedad documental vinculada al polígono industrial, y un recurso pendiente ante el Tribunal Supremo tras la confirmación por la Audiencia Provincial de una condena por acoso a dos habilitados nacionales. En el ámbito administrativo, siguen abiertas diligencias en el Tribunal de Cuentas.
LA DGA SEÑALA A ALEGRÍA Y SÁNCHEZ QUERO
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que los hechos denunciados “excedían las labores habituales de un alcalde o presidente de comarca” y a su juicio podían incurrir en “irregularidades administrativas”. “Nos parece grave”, ha valorado Vaquero, que ha exigido pedir disculpas al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, quien cargó contra la directora general de Administración Local por la presentación de la denuncia
La número dos de Jorge Azcón ha responsabilizado también a la líder regional del PSOE, Pilar Alegría, de “proteger, amparar y defender” a Cucalón. Algo que ha comparado con otros “casos de corrupción” o “prostitución”, en referencia a la supuesta fiesta del exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. “Es una situación que no tiene precedentes”, ha concluido.
LA “COMILONA” CON GAMBA ROJA Y OSTRAS
La denuncia de la Fiscalía llega tras una cadena de controversias públicas en torno al alcalde en lo que va de año. Fue en marzo de este año cuando el PP de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) pidió su dimisión por una comida con ostras y gamba roja abonada con dinero público. También exigió explicaciones por un nuevo escándalo que salpicó a su hijo. De hecho, el PSOE anunció su expulsión en junio, hecho luego cuestionado por los populares, y se sucedieron iniciativas para cesarle de sus cargos en la Comarca con ofrecimientos de apoyo entre partidos. Estas piezas han ido dibujando un calendario de polémicas que ahora suma una vertiente penal con la denuncia del Ministerio Público.
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que el traslado a Fiscalía se ha hecho en ejercicio de la tutela jurídica y financiera sobre las entidades locales y para que sea la Justicia quien determine si los hechos rebasan la simple irregularidad administrativa y constituyen delito. La tramitación seguirá ahora en el Juzgado de Instrucción 5 de Zaragoza, que valorará las diligencias a practicar en una fase del proceso aún primigenia.