Zaragoza.- La Cámara de Cuentas ha concluido en su informe de fiscalización de las entidades de Derecho Público (EDP) la mejora de las cuentas de estas entidades, ya que presentaban pérdidas de 18,18 millones de euros en el ejercicio 2012 y en 2013 unos beneficios de 8,05 millones de euros.
La Cámara ha analizado las siguientes EDP: la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (Acpua); el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (BST); el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA); el Consejo Aragonés de Personas Mayores (Coapema); la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST); el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); el Instituto Aragonés de Fomento (IAF); el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga); el Instituto Aragonés del Agua (IAA); y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).
Las pérdidas más significativas se produjeron en el IAA (-10,45 millones de euros), IACS (-4,33 millones de euros), INAGA (-1,82 millones de euros) y AST (-1,76 millones de euros). Y en el año 2013, las entidades con mayor beneficio fue el IAA, con 8,74 millones de euros.
La Cámara señala que las diez EDP cumplen con las disposiciones que les son de aplicación, ya que los datos reflejan que las entidades sumaban en conjunto: 902 trabajadores, un activo total de 512,7 millones de euros, un total de gastos de gestión ordinaria de 198,1 millones de euros, el resultado presupuestario que ascendió a 1,33 millones de euros y un remanente de tesorería de 36,1 millones de euros.
El activo agregado en los ejercicios 2012 y 2013 asciende a 494,37 y 512,79 millones de euros, y la entidad con mayor peso en este sentido es el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) con el 39%. Además, las entidades de Derecho público con mayor volumen de inmovilizado en 2013 son el IAA (148,02 millones de euros) y el IAF (82,62 millones de euros), y solo el Instituto Aragonés del Agua ha registrado inversiones significativas (7,25 y 12,35 millones de euros en 2012 y 2013, respectivamente).
La cifra de deudores durante el año 2013 ha ascendido a 181,4 millones de euros, lo que supone un incremento de 26,01 millones respecto del saldo agregado de 2011, fundamentalmente por deudas pendientes de cobro de la Comunidad Autónoma aragonesa. Pero es el IAF el que tiene una deuda pendiente de cobro por parte de la Administración, que ha pasado de de 73,71 millones en 2011 a 115,33 millones de euros en 2013.
Por otro lado, los fondos propios agregados se han reducido en 42,04 millones de euros con respecto al ejercicio de 2011 por el efecto de los resultados de los ejercicios 2012 y 2013, y el endeudamiento financiero a largo plazo se ha reducido en 6,43 millones de euros de 2011 a 2013. No obstante, las deudas las deudas a largo plazo aumentan por el incremento de los saldos acreedores a largo plazo de subvenciones pendientes de pago del IAF por su actividad de fomento, que al cierre de 2013 ascendían a 55,94 millones de euros.
Asimismo, el saldo agregado de la cuenta 409, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, pasó de 4,75 millones de euros en 2011 a 4,14 millones de euros en 2012 y 7,27 millones de euros en 2013. Además, añaden que la insuficiente presupuestación en 2013 condujo a que al cierre del ejercicio se fueran acumulando facturas pendientes de aplicar a presupuesto de varios ejercicios, principalmente en BST (3,50 millones de euros) e IAA (3,18 millones de euros).
Contratos
Haciendo un análisis general de contratación, la Cámara de Cuentas detalla que la EDP celebraron durante los años 2012 y 2013, al menos, 286 contratos, por importe total de 64.730 miles de euros. Y además especifican que el 51,75% de la adjudicación de contratos se hizo por el procedimiento negociado, siguiéndole el 27,62% de procedimiento abierto, el 3,15% de adjudicación directa y el 2,10% de procedimientos basados en acuerdos marco.
Además, estas entidades encargaron a entidades que tienen atribuida la condición de medio propio 41 encomiendas de gestión por importe total de 3.543 miles de euros (14,34 % del número de contratos).
Por otro lado, afirman que en el 100 % de los contratos no se justifica adecuadamente en el expediente la elección de los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar el contrato y la ponderación atribuida a cada uno de ellos.
En cambio, señalan que cuatro EDP (Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, Banco de Sangre y Tejidos, Consejo Aragonés de las Personas Mayores y Consejo de la Juventud de Aragón) no remitieron a la Cámara de Cuentas la relación de todos los contratos formalizados en el ejercicio 2012 y 2013.
Por todo ello, y entre otras cuestiones, la Institución recomienda a las EDP que regulen “con suficiente detalle” los procedimientos de adjudicación de los contratos, que se determine “con precisión” la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir, así como que justifiquen “adecuadamente” la elección de los criterios para la adjudicación del contrato y “extremar el rigor” en el cálculo del valor estimado, además de que conste en el expediente estudio económico detallado que justifique que el presupuesto de licitación es el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, atendiendo al precio general de mercado.
