La DGA tacha de “ataque a la constitución” el pacto migratorio de PSOE y Junts
“Es un nuevo ataque a la constitución” o “una vez más, nos han mentido”. Son las primeras reacciones de la portavoz y el presidente del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero y Jorge Azcón, al acuerdo entre PSOE y Junts para que Cataluña asuma las competencias en materia de inmigración, que se registrará esta semana en el Congreso de los Diputados. Tanto Vaquero como Azcón han expresado este martes su rechazo frontal a la medida, si bien la DGA todavía no ha dado el paso de interponer un recurso de inconstitucionalidad, como sí ocurrió con la Ley de Amnistía por partida doble.
A pregunta de los medios, la número dos del Ejecutivo ha avanzado que harán “todo lo posible” para evitarlo y ha dicho trasladar con sus declaraciones el sentir “de muchos aragoneses”. “El Gobierno de España no ha tenido proyecto en inmigración. Ha tratado de expandir el problema generando fracturas, repartiendo a las personas como mercancías. Es una muestra más del desgaste y la erosión a nuestras instituciones”, ha recalcado Vaquero, sobre lo que considera “un intento más de trocear el estado de derecho”.
En términos similares, Azcón ve la propuesta como “otra parte del precio a pagar” por su investidura tras los indultos a los condenados por el procés, la Ley de Amnistía o las negociaciones para la quita de la deuda y el denominado “cupo catalán”, a lo que Vaquero ha añadido los pactos con Bildu. El presidente ha acusado a la ministra portavoz y líder del PSOE Aragón, Pilar Alegría, de mentir cuando aseguró que este traspaso de competencias no era factible. “Vuelven a doblegarse con el único objetivo de que Sánchez siga en la Moncloa”, ha apuntado.
Respecto a ese hipotético recurso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que el partido está analizando “en profundidad” el texto, que a su juicio incumple el artículo 149 de la Constitución. Sea como fuere, no se podría elevar hasta su aprobación en sede parlamentaria. Su tramitación ha arrancado con dudas de algunos socios de la coalición, caso de la formación catalana ERC o Podemos, que ha tildado el pacto de “racista”, y también con discrepancias entre el Gobierno y Junts.
Así, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha defendido que no se cede en ningún caso el control de fronteras. Minutos después, el propio Carles Puigdemont ha señalado desde Bruselas que la gestión se realizará de manera “integral”, a imagen de un Estado.