Tras las declaraciones vertidas la mañana de este lunes por el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, en las que aceptaba regresar al Gobierno de Aragón si le dan “las competencias de políticas migratorias”, el Gobierno de Aragón ha querido responder instando a Nolasco a “darse un baño de realidad y viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repatriación”.
Así pues, desde el Ejecutivo han considerado que las afirmaciones del portavoz de Vox demuestran “un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración”.
LEY DE EXTRANJERÍA
En ese sentido, han querido aclarar, en primer lugar, que, respecto a la ley de extranjería, el procedimiento para pedir la repatriación de menores “se inicia a petición de la Comunidad Autónoma ante el delegado del Gobierno que es quien debe incoar, tramitar y resolver el procedimiento de repatriación”. En dicho procedimiento “participan tanto la fiscalía como el propio menor que debe ser oído en la solicitud de repatriación, que debe atender siempre al interés superior del menor”, han insistido.
No obstante, ha asegurado que “los menores, los países y las familias de origen se pueden negar a la repatriación y eso la hace automáticamente inviable”. De igual modo, han indicado que, en la actualidad, “es imposible firmar un convenio de esas características, ya que Argelia y Marruecos tienen los acuerdos de devolución suspendidos desde hace años”.
CONVENIOS CON ENTIDADES
Por otro lado, ante las afirmaciones de Nolasco de que una de las medidas que tomaría sería “revocar de inmediato todos los contratos y convenios que el Gobierno de Aragón haya firmado con las entidades que colaboran con el tráfico de personas”, el Gobierno de Aragón ha afirmado que “la DGA no tiene convenios directos con Cruz Roja, Accem, Cepaim y Apip Acam en materia de inmigración”.
Estas entidades, han aclarado, “reciben subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y no puede excluirse a nadie de ellas”. Así pues, las subvenciones que reciben son “por el desarrollo de programas en múltiples aspectos, no solo las relativas a la inmigración, como son: el trabajo con personas sin hogar, las personas mayores, la pobreza infantil, la formación e inserción laboral o la atención a víctimas de trata de blancas”.
Solamente Cruz Roja, han explicado, tiene “un convenio directo para la gestión del centro de día de personas mayores en la ciudad de Teruel, como es público y transparente en los presupuestos del Gobierno de Aragón”.
CENTROS DE MENORES CON CEPAIM Y ACCEM
Asimismo, la DGA ha asegurado que “solo tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem para gestionar centros de menores, que están bajo el pagaraguas del sistema de protecciones de menores, no solo menores migrantes”. De esta manera, el Gobierno ha lamentado que Nolasco “reduzca todo el sistema de protecciones a la infancia a menores migrantes no acompañados”, sin tener en cuenta que “de los 800 menores que residen en un centro del Gobierno de Aragón solo una parte son menores extranjeros no acompañados”.
En el caso de Apip Acam, la entidad “gestiona un piso de transición a la vida independiente que nada tiene que ver con menores migrantes”; mientras que Cruz Roja “no gestiona centros de menores desde hace muchos años por decisión propia”, han expresado.
Y respecto a la gestión de un centro de menores por la entidad Apip Acam, han subrayado que “este es un centro de menores de protección internacional con un contrato con el Gobierno de España. Estos menores son tutelados por el gobierno de Canarias y el Gobierno de Aragón no tiene ninguna responsabilidad sobre los menores o la gestión de la entidad”.
LOS ADULTOS INMIGRANTES SON “COMPETENCIA DEL ESTADO”
En el caso de los inmigrantes que ya se encuentren en la edad adulta, el Gobierno de Aragón ha querido recordar que son “competencia del Estado”, y que llegan a Aragón “través de contratos o acuerdos de acciones concertada del Ministerio de Inclusión, seguridad social y migraciones, con ONGs acreditadas en materia de inmigración”.
Estos adultos “están en programas de acogida humanitaria, protección internacional o de refugiados financiados por el gobierno de España y sin que la Comunidad Autónoma tenga capacidad de decisión sobre su ubicación en nuestra región”, han apuntado, incidiendo en que “ni siquiera sabemos cuándo llegan ni dónde se alojan en la mayoría de las ocasiones”.
La única competencia que la Comunidad Autónoma asume en estos casos, ha recalcado el Gobierno, es la sanidad y la educación, en el caso de familias con menores, que. han recordado. “es obligatorio por ley, independientemente de la situación administrativa de estas personas”.
UN REPARTO DE MENORES “IMPUESTO A LAS COMUNIDADES DE MANERA UNILATERAL”
El Ejecutivo autonómico ha indicado también que “en las conferencias sectoriales ya no se decide nada sobre el reparto de menores, porque el gobierno de Sánchez ha decidido dejar sin efecto el acuerdo voluntario instaurado en 2022. De esta manera, han afirmado que “el traslado de menores ahora se impone a las comunidades autonomas de manera unilateral, tras la aprobación Del Real Decreto de marzo de 2025, que tiene como objetivo beneficiar a sus socios de Junts, ERC y PNV”.
Este Real decreto, han asegurado, “ha sido recurrido por la DGA al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo , a la Audiencia Nacional y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Se han recurrido también las normas posteriores derivadas de este Real Decreto y los actos administrativos para el reparto de los menores”.
Por último, sobre la derogación de la ley de memoria democrática, el Gobierno de Aragón, ha expresado que “tampoco acierta el señor Nolasco con el recuerdo de lo efectivamente sucedido”; y es que “fue un punto del pacto de gobierno PP-Vox que el PP ya mantenía en su ideario político desde el último congreso autonómico”.
Así pues, han insistido en que “no fue ninguna imposición, sino un acuerdo compartido por las dos partes en el que el Partido Popular incluyó la creación de un Plan de Concordia a través del cual se mantienen aspectos como la exhumación de fosas y la recuperación de los restos de represaliados en la Guerra Civil”. “La derogación y el Plan de Concordia fueron impulsados desde el departamento de Presidencia, liderado en inicio por Tomasa Hernández y después por Mar Vaquero”, han indicado.
Por todo ello, el Gobierno de Aragón le ha solicitado a Nolasco “más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora emitir declaraciones sobre esta y otras cuestiones”.
