Zaragoza.- Una comisión técnica entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón servirá para impulsar el desarrollo del borrador de la Ley de Capitalidad antes de que termine el primer semestre. Este es el anuncio principal del encuentro que han mantenido, este miércoles, el consejero autonómico de Presidencia, Vicente Guillén, y el consejero municipal de Economía y Hacienda, Fernando Rivarés, en la sede del Consistorio de Zaragoza.
Tras una reunión en las dependencias municipales, que ambos han definido como "breve, pero fructífera", se han avanzado los trabajos en base a la futura Ley de Capitalidad, tal y como ha manifestado Rivarés, quien ha valorado la recuperación de estas relaciones bilaterales en "beneficio de la ciudadanía" después de "casi seis meses de silencio".
Este órgano de reunión entre instituciones contará, por una parte, con una mesa técnica, donde el personal del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón dirimirán los asuntos de la ley, con especial importancia en los aspectos financieros. "Actualmente existen tres anteproyectos de ley de capitalidad, por lo que será interesante poner a trabajar a los técnicos para que los desbrocen y agilicen el proceso", ha manifestado Guillén, que ha reconocido el "anacronismo institucional" que supone para la Comunidad no disponer todavía de la Ley de Capitalidad.
De manera paralela, se convocará otra mesa con un matiz más político, con los portavoces de las cinco formaciones del Consistorio zaragozano y las siete presentes en las Cortes de Aragón. Precisamente, en el Parlamento autonómico será donde se decida la aprobación de la Ley de Capitalidad, tal y como ha recordado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén.
En cuanto a las fechas, Rivarés "sueña" con que los diputados den el visto bueno en el mes de septiembre, cuando se reanude el periodo de sesiones posterior al parón estival de la actividad parlamentaria.
Ante esta prontitud en los plazos, el consejero municipal ha manifestado su confianza en que los grupos de trabajo comiencen a desarrollar sus trabajos la "próxima semana", para que el proyecto de ley esté ya listo en el primer semestre, con el asentimiento de Guillén.
Respecto a la cantidad presupuestaria que deben consignarse a la ley, tanto Guillén como Rivarés han coincidido en que se trata del "punto de mayor fricción". Aun así, "casi todo lo que haya será mejor que la ridícula partida de cuatro millones de euros del anterior Gobierno de Aragón. Y todo lo que haya por debajo de los 50 millones que le exigía a la DGA el gobierno de Juan Alberto Belloch será peor", ha expuesto. Por ello, ha confiado en que "el consenso de las posiciones políticas de las diferentes instituciones" haga posible "cualquier cantidad", ya que "si no hay cantidad", la ley será "algo irreal".
Por su parte, Guillén ha replicado que la existencia de un fondo de capitalidad corresponde a la última fase de los trabajos en materia financiera que son la "parte sustancial" de la ley, además de las contribuciones por las competencias impropias y delegadas que presta el consistorio zaragozano. El coste de la prestación de estas competencias, según el consejero municipal, asciende a 100 millones de euros anuales.
La puesta en marcha de estos órganos de trabajo cumple con el acuerdo plenario del viernes, donde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común propuso la creación de una comisión mixta entre los responsables de las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento zaragozano y las Cortes de Aragón para el desarrollo de la Ley de Capitalidad.
Convenio social
Otro de los compromisos que se ha adquirido en este encuentro entre Guillén y Rivarés ha sido el adelanto de la firma, en las próximas fechas, de un convenio sobre acción social. Este contrato modificará el compromiso del Ejecutivo autonómico con la consejería municipal de Derechos Sociales, presidida por Luisa Broto. "Actualmente, sólo percibíamos anualmente una cantidad de cinco millones de euros con el gobierno de la señora Rudi, y esta miseria se aportaba con casi 14 meses de retraso", ha censurado el responsable municipal.