Las Cortes de Aragón han rechazado en el Pleno de este jueves la imposición de aranceles desde los Estados Unidos al vino aragonés. La propuesta, a petición del PSOE, ha contado con el voto favorable de todos los partidos menos Vox, que se ha abstenido tras estar en la diana durante toda la sesión por su apoyo a Donald Trump. No obstante, la formación ha mostrado su rechazo a las tasas de hasta el 20% a la Unión Europea, suspendidas ahora durante 90 días para negociar, y ha incluido en el mismo saco el pacto verde europeo, las políticas ecologistas y el acuerdo Mercosur.
Su portavoz, Fermín Civiac, ha llegado a mostrar dos carteles con dos cruces: una sobre la palabra “aranceles” y otra tapando el símbolo de la Agenda 2030. Al igual que en el debate agrario con el que ha arrancado el Pleno en el turno de la mañana, Vox ha tenido que defenderse de las críticas de los partidos de la oposición. De hecho, antes de Civiac lo habían hecho Juan Vidal y Santiago Morón. No ha habido alusiones directas del Partido Popular, que sí ha expresado un rechazo contundente a las medidas anunciadas por la administración Trump.
Solo Jorge Azcón, en declaraciones a los medios el miércoles y fuera del debate parlamentario, ha asegurado desde los populares que “Vox se equivoca” y que el apoyo al líder estadounidense “es una política incompatible con los aragoneses” por el posible impacto de los aranceles en el sector vitivinícola y la automoción, las dos áreas a priori más afectadas y sobre las que han incidido distintos representantes de la DGA. La Proposición No de Ley del PSOE giraba en torno al vino y ha estado defendida por Sergio Ortiz, quien además de portavoz es alcalde de Cariñena.
Así, la PNL condena “las políticas erráticas arancelarias de Donald Trump” y reclama apostar “por el comercio internacional, que tanto ha beneficiado al sector primario español”. En este sentido, las Cortes “instan al Gobierno de Aragón a establecer un paquete de ayudas a los exportadores de vino aragonés” afectados por la situación de “inseguridad jurídica” y también al Departamento de Agricultura “a trabajar por la difusión y el consumo responsable en colaboración con las denominaciones de origen protegidas, dentro y fuera” de las fronteras de la Comunidad.
El debate ha vuelto a servir de termómetro sobre la sintonía entre populares y socialistas, los dos principales partidos del arco parlamentario, con la crisis arancelaria. El PP ha condenado, eso sí, un posible reparto de las ayudas basado en criterios territoriales, en referencia a las exigencias de Junts y que Azcón llamó a su vez “cupo arancelario”.
