Zaragoza.- Las Cortes de Aragón han aprobado las cifras globales del proyecto de Ley de Presupuestos con los votos a favor del Partido Popular y del Partido Aragonés. El PSOE ha apoyado solo las partidas destinadas a la Cámara autonómica y al Consejo Consultivo de Aragón.
La Comunidad tendrá el presupuesto aprobado el próximo 20 de febrero tras su debate y votación en un Pleno de las Cortes de Aragón. Las cuentas autonómicas presentan un gasto total de 5.328 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,65% con respecto al año 2011.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ha destacado que se ha optado por “la prudencia” a la hora de presupuestar los ingresos y que en materia de gastos se ha apostado por “mantener y sostener” las grandes áreas del Estado del Bienestar. Además, ha reconocido que las cuentas son “austeras”, buscan expulsar de la gestión “el despilfarro” y tienen como objetivo “estabilizar la situación presupuestaria” para una vez logrado este fin “poder crecer”.
Saz ha recordado que dos de cada tres euros de la Comunidad se destinan a sanidad y educación y ha detallado que las cuentas reflejan un aumento de las cuantías en materia de dependencia o políticas de empleo. Todas las secciones bajan menos Sanidad, Bienestar Social y Familia, que aumenta un 1,28%.
El consejero ha detallado que la modificación del presupuesto se centra en que pasan 65 millones de euros del Departamento de Economía y Empleo a Industria e Innovación. Este trasvase se debe a que pasan de la primera a la segunda consejería tres direcciones generales, el Instituto Aragonés de Fomento y una partida de 80.000 euros de “gastos comunes”. Saz ha recordado que no pasan todas las partidas de las direcciones generales transferidas sino que se quedan en Economía y Empleo 500.000 euros de programas de internacionalización.
Los socialistas han lamentado que los recortes en el presupuesto sirvan “para subir las cantidades destinadas a devolución de préstamos y deuda pública” y ha incidido en la disminución de las cuantías de cultura en un 28%, las de desarrollo económico en un 33% y las del fondo de solidaridad en un 27,4%, tal y como ha explicado la diputada Ana Fernández.
El PSOE ha criticado que no se hagan inversiones que “puedan empujar la actividad económica” y “frene la sangría del desempleo”. Fernández ha alertado de que estas cuentas pueden provocar que “aumente el paro” y ha subrayado que es necesario que “el tejido productivo se mueva y los ciudadanos puedan consumir” para que se dinamice la economía. La diputada ha subrayado que las cuentas demuestran que el Gobierno de Aragón “no tiene soluciones para el desempleo” y ha recordado que antes de las elecciones el PP tenía fórmulas “para resolver” esta situación.
Por su parte, Chunta Aragonesista ha subrayado que las cuentas presentadas no mejorarán la situación “de las comarcas, del sistema educativo y sanitario, de la protección social o del desempleo” y “la calidad de vida o los trabajos”, tal y como ha indicado su portavoz parlamentaria, Nieves Ibeas.
La formación también ha puesto el acento en que en el presupuesto no aparezca reflejado el impacto del Decreto Ley de obligaciones pendientes. Ha asegurado que se debería explicar las partidas que se verían afectadas por su desarrollo y ha remarcado que las cuentas “no tienen claridad ni transparencia”.
Izquierda Unida ha remarcado que el presupuesto es “inútil” porque “no resuelve la crisis, no reactiva la economía y no crea empleo”, tal y como ha señalado su portavoz parlamentario, Adolfo Barrena. Además, cree que las cuentas son “insuficientes” en materia de inversiones públicas. Unas acciones que estima que “generarían empleo y empezarían a abrir posibilidades de crecimiento”.
Barrena ha asegurado que también es “tramposo” porque se juega “con las cartas marcadas” ya que las cuentas no reflejan la incidencia del Decreto Ley de obligaciones pendientes firmado el pasado mes de diciembre.
El diputado del Partido Aragonés Antonio Ruspira ha querido dejar claro que desde la tribuna “no se va a persuadir a nadie” y ha reconocido que “el resultado es 37-30 y el partido es en diferido”. Considera que todos los grupos parlamentarios coinciden en que los objetivos son “la dinamización económica, la creación del empleo y el mantenimiento del Estado del bienestar”, pero que discrepan en “los modelos de herramientas de gestión”.
El PP ha defendido que la austeridad no consiste “en recortar por recortar”, tal y como ha afirmado la diputada Yolanda Vallés. Los populares han recordado que el dinero público es de todos y que por ello hay que usarlo “con eficacia y eficiencia” buscando la mayor rentabilidad social y económica posible. Vallés ha indicado que son unos presupuestos “realistas” y que abandonan “los ingresos ficticios y los gastos infradotados”.
