El Constitucional apura los plazos sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón
La derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón podría estar a pocas semanas de volver a la primera plana de la actualidad política. El Tribunal Constitucional, que la suspendió de forma cautelar en verano tras admitir el recurso del Gobierno de España, debe pronunciarse de forma definitiva a lo largo del próximo mes, con el tope en el 29 de noviembre. Esta cuestión causó el principal choque en lo que va de legislatura entre la DGA y Moncloa, a raíz del informe de los relatores de la ONU contra las leyes o planes de concordia de las regiones que gobernaban PP y Vox.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, y más concretamente el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, invocó el artículo 161.2 de la Constitución Española, que permite impugnar ante el TC “las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”. Este mismo extracto de la carta magna fija que el Tribunal deberá ratificar o levantar el recurso en cuestión “en un plazo no superior a cinco meses”, no naturales sino hábiles. Es decir, sin contar agosto y el periodo navideño (24 de diciembre al 6 de enero).
La cuenta atrás arrancó el 29 de mayo, fecha de la interposición del recurso y también de su presentación en el Consejo de Ministros. La misma a la que aludía el Constitucional en su comunicado del 17 de junio, casi tres semanas después, cuando anunció que admitía a trámite la reclamación y suspendía la derogación de forma cautelar. Según el Gobierno, la supresión de la norma, que salió adelante el 15 de febrero con los votos del Partido Popular, Vox y el Partido Aragonés, podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución al entender que chocan con preceptos relativos al estatuto de las víctimas.
Además, Moncloa puso el foco en un posible choque con las competencias estatales y del deber de colaboración por los artículos 149.1.1 y del 149.1.30. Traducido al lenguaje legislativo, “la derogación imposibilita el cumplimiento de las previsiones de la Ley Estatal en aquellas cuestiones de la exclusiva competencia autonómica que no puede suplir el Estado con su actuación”, según explicó entonces la administración central. Por ejemplo, garantizar los programas educativos, de patrimonio histórico y cultural, el mantenimiento de los archivos de titularidad de la DGA o las acciones en los medios de comunicación. Una de las peculiaridades del recurso es que se interpuso con suspensión. Es decir, si el Constitucional lo admitía, se reponía de inmediato la ley derogada.
El proceso, como todos los de este tipo, debe finalizar con una sentencia que dicte si la Ley 1/2024 de derogación de la Ley de Memoria Democrática es constitucional. Esto no necesariamente tiene que darse en esa franja de cinco meses. Es decir, el Tribunal puede fallar antes sobre las cautelares y restituir la derogación, o no, sin que eso sea definitivo. No obstante, y al tratarse de un recurso que afecta al fondo de la norma, mantener o no la suspensión ya daría pistas sobre su destino final.
En septiembre, el Constitucional anuló el decreto-ley de medidas urgentes en materia energética del Gobierno de Javier Lambán. Es el ejemplo más reciente en relación con Aragón y no se desarrolló en cinco meses, más bien duró casi el doble. El recurso estatal se admitió a trámite en enero y la inconstitucionalidad se dictó pasado el verano. En marzo, el Pleno de la institución acordó abrir un periodo de diligencias antes de que finalizasen los cinco meses y decretó levantar la suspensión de una serie de artículos y disposiciones. Finalmente, el proyecto legislativo decayó en bloque al entender el Tribunal que no se fundamentaba la “urgencia” a la que aludía el cuatripartito en el texto y por el que se eligió dicha forma de tramitación.
LEYES Y PLANES DE CONCORDIA
Las leyes de Memoria Democrática han corrido distinta suerte en las Comunidades Autónomas que estaban gobernadas por PP y Vox. Aragón sí derogó la suya e implementó un Plan (que no ley) de Concordia que busca garantizar las exhumaciones en marcha y reconocer “a todas las víctimas” de violencia en distintos periodos históricos. En Valencia, y pese a la amenaza de inconstitucionalidad por el caso aragonés, la derogación también salió adelante.
El giro de guion llegó en septiembre en Castilla y León. Ya con Vox en la oposición, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y el PSOE tumbaron una votación que estaba programada desde antes de la ruptura con la formación de Santiago Abascal. En Baleares, también pese a ir por separado, el Ejecutivo popular tiene previsto caminar en esta dirección.
Extremadura es otro de los casos en los que se ha aparcado la derogación. Es más, pocos días después de la crisis nacional entre populares y voxistas, miembros del Ejecutivo de María Guardiola plantearon la implementación de un banco de ADN de las víctimas de la Guerra Civil.