Broto quiere que los colectivos "abandonados" sientan que la DGA "lucha" por ellos
Zaragoza.- La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, intentará que la ciudadanía sea protagonista de la política por la transparencia, la participación y “la capacidad de compartir la política con la ciudadanía”. Eso sí, el máximo reto será “recuperar” los derechos ciudadanos que se han perdido.
Harán hincapié en los que tengan grandes dificultades, planteando la Ley de Renta Básica y todas las medidas que sirvan para que “los colectivos abandonados sientan que se luchará por que tengan lo mínimo para vivir con dignidad”. Habrá que armonizar la renta básica con los requisitos del Ingreso Aragonés de Inserción y dice que lo que hay que hacer ahora es pagar con urgencia a los que los cumplen “porque estamos hablando de la supervivencia de las familias”.
Al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales se le atribuyen las competencias atribuidas al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia en materia de bienestar social y dependencia, consumo, mujer, juventud, igualdad y familia.
También las competencias atribuidas al Departamento de Presidencia y Justicia en materia de participación ciudadana, transparencia, acción exterior y cooperación y las competencias atribuidas a la Presidencia del Gobierno en materia de comunidades aragonesas del exterior.
Le quedan adscritos el Instituto Aragonés de la Mujer, el Instituto Aragonés de la Juventud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
“Es una Consejería fundamental en estos momentos y con gran protagonismo, porque el Gobierno considera que recuperar los derechos sociales y que la ciudadanía se sienta partícipe es el objetivo”, ha concluido Broto.
En materia de dependencia, la nueva consejera ha subrayado que había más de 7.000 personas con derecho sin recibir prestaciones y además se incorporan los dependientes de grado 1 este mes. Así, tendrán que evaluar la situación e intentar aplicar y reconocer esos derechos de esta ley socialista. Reivindicarán al Estado que cumpla con las personas que tienen reconocidos esos derechos y que asuma su responsabilidad, “porque aporta tanto como lo hacen las familias y eso debe cambiar”.