Bono asegura que dimitirá si el TSJA le imputa en el caso Apartadero
Zaragoza.- El consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, ha anunciado que dimitirá si el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le imputa en el caso Apartadero. De esta forma, ha respondido al auto dictado del magistrado Alfonso Tello en el que le señalaba como uno de los tres aforados a los que no podía añadir a la lista de imputados por prevaricación.
Así, en un comunicado, ha manifestado que “en el supuesto de que el TSJA finalmente decidiese la imputación de mi persona en la causa, en el día de hoy he comunicado a la presidenta de la DGA que pondría el cargo de consejero de Economía y Empleo a su disposición”.
El consejero, que en el momento de las supuestas irregularidades representaba a Ibercaja en el Consejo de Administración de Plaza, ha querido aclarar que la causa de la imputación es de carácter administrativo y no por otros motivos que pudieran suponer malversación de fondos públicos.
Francisco Bono también ha explicado que la imputación del Juzgado se realiza con carácter general “a todos y cada uno de los miembros del Consejo en aquel momento”, con independencia del accionista que los designara.
En estos momentos, el juez instructor tiene que proceder a tomar declaración a los diferentes imputados y testigos. A partir de ahí, éste decidirá si continua con el procedimiento o, por el contrario, procede al archivo del mismo. Si el procedimiento continuase adelante, el expediente completo de todos los miembros del Consejo debería pasar al TSJA, el cual decidirá, si procede o no la imputación del propio Bono y del exconsejero socialista de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente, y del exconsejero aragonesista de Medio Ambiente, Alfredo Boné.
Quienes ya están imputados por prevaricación, debido a que el juez tiene competencia para hacerlo, son el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco y los exconsejeros de Economía y Ciencia, Tecnología y Universidad, Alberto Larraz y Maite Verde. Asimismo, imputa al vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, y a la consejera municipal de Servicios Públicos, Carmen Dueso. En la lista también añade a José Luis Abad, exconsejero delegado de la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad; a la concejala del Mayor, María Isabel López; a Agustín García Inda, actual secretario general técnico de Educación, y Fernando Casanovas (representantes de CAI en aquel momento); y a José Luis Rodrigo Moya (representante de Ibercaja en aquel momento).
El juez señaló en su auto que los imputados “pudieron pedir más explicaciones o demorar la decisión a una reunión posterior para un estudio más detallado, especialmente de las consecuencias de la decisión que estaba tomaron, pero que nada hicieron”. En esta causa se investiga la adjudicación de unas obras a Acciona-Mariano López Navarro por 15,53 millones de euros.