Azcón tacha de ilegal el reparto de menores y Vox lo acusa de hacer “teatro”
El Gobierno de Aragón y Vox han protagonizado una nueva jornada de declaraciones cruzadas, casi simultáneas, a cuenta del reparto de menores migrantes. El presidente Jorge Azcón ha vuelto a tachar de “ilegal” el real decreto-ley pactado por el PSOE y Junts, mientras que su exvicepresidente, Alejandro Nolasco, ha exigido desde las Cortes cerrarse en banda ante cualquier tipo de acogida, no solo frente a los criterios, palabra sobre la que, literalmente, ha dibujado una cruz roja. De fondo, continúa paralizada la negociación de los Presupuestos, que tiene en la cuestión migratoria su principal escollo.
Así las cosas, Azcón cree que “lo que se está haciendo con los menores no cumple con la legalidad”, motivo por el que se han interpuesto ya hasta cuatro recursos: uno de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley, dos contra las convocatorias de las conferencias sectoriales correspondientes y otro contra el requerimiento de los registros de acogida, con una petición aparejada de la paralización cautelar del proceso.
“Recurrirlo ante los tribunales conlleva que no se aporten los datos por no estar de acuerdo. Es una estrategia para que no se instale la ilegalidad”, ha reiterado el presidente. Es su respuesta al nuevo plazo abierto por el Ministerio de Juventud e Infancia para que las Comunidades subsanen los registros o bien, en el caso de Aragón, los presenten, al ser la única que no lo ha hecho todavía, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Conferencia Sectorial del lunes se saldó sin acuerdo después de más de cinco horas de reunión. Ni se llegó a votar, lo que para Vox es “teatro”, “grasa política” o “desplazamientos innecesarios”. Para Alejandro Nolasco, las comunidades del PP “comparten la agenda de la inmigración ilegal” con la ministra Sira Rego. “¿Qué es un reparto justo para el Gobierno de Aragón del PP? ¿Tener los mismos menores que Cataluña? ¿Disponer de más dinero del para recibir todavía más?”, ha planteado.
El diputado ha acusado a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, de usar “eufemismos” para exigir más medios en lugar de rechazar frontalmente la inmigración. Desde la formación lo consideran un planteamiento “irresponsable” y se amparan en los datos del aumento de la criminalidad o la falta de información sobre las personas acogidas. “La inmigración es un negocio para muchos que solo busca el lucro”, ha continuado el portavoz.
NOLASCO DICE QUE AZCÓN ES "INCONGRUENTE"
Respecto a Azcón, Nolasco ve “incongruente” su actitud con haber rechazado “ahora, antes y en el futuro” la inmigración ilegal durante un Pleno de las Cortes. “De nada sirve presentar recursos al Constitucional si al mismo tiempo reconoce que aceptaría un reparto equitativo”, ha manifestado. Por ello, le ha exigido seguir “el ejemplo de Valencia”, donde Carlos Mazón sí ha alcanzado un preacuerdo presupuestario con Vox, que al PP se le atraganta todavía en Aragón o Murcia.
Cuatro meses y siete días de prórroga presupuestaria después (de momento), la tramitación parlamentaria estiraría la aprobación de unas hipotéticas cuentas de la DGA hasta bien entrado el verano, quedando menos de medio año para su ejecución. Una circunstancia de la que ya ha advertido en varias ocasiones Azcón, quien todavía no ha puesto una fecha límite.