El Gobierno de Aragón ha salido este jueves al paso de las últimas noticias alrededor de la sentencia para la devolución de las pinturas murales al Monasterio de Sijena. El presidente Jorge Azcón ha avanzado que trasladará a su homólogo catalán, Salvador Illa, un listado “con nombre y apellidos” de los técnicos aragoneses “que se van a poner a disposición de la Generalitat” para acometer este proceso.
Ambos se verán las caras el viernes en Barcelona con motivo de la Conferencia de Presidentes, donde, al margen de los temas a tratar en el orden del día, Azcón aseguró que buscaría un momento para tratar el pronunciamiento del Tribunal Supremo con Illa. Desde Benasque, el líder de la DGA ha recordado que, en cualquier caso, la “obligación” de ejecutar la sentencia recae en el Govern.
El jefe del Ejecutivo aragonés ha apuntado que deberá llevarse a cabo “a la mayor brevedad posible”. “Queremos que las pinturas vengan a Aragón para hacer justicia, contando con todas las medidas de seguridad”, ha apostillado. Tanto Azcón como previamente el director general de Cultura, Pedro Olloqui, detallaron que la Comunidad cuenta con un protocolo para el traslado y han subrayado que tanto la sala capitular como el resto del conjunto monástico, que ya alberga la colección de los Bienes, están preparados para recibir las pinturas.
Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha respondido al comunicado del Museo Nacional de Arte de Cataluña. La institución alegó que el conjunto de los frescos nunca ha salido de Barcelona, no así las distintas piezas que, por separado, formaron parte de exposiciones y préstamos a otros museos nacionales e internacionales. Para Hernández, “pueden decidir traerlas fragmentadas” a Sijena “o enteras”, si bien ese diálogo todavía no se ha producido, según sus palabras.
Ha matizado, eso sí, que un vídeo de 1995 muestra un traslado total “que a lo mejor era dentro” del propio MNAC. De momento, la consejera ha pedido esperar a la reunión del patronato, del que forman parte la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. “Los mayores interesados en proteger la obra somos nosotros, el titular del bien”, ha concluido.
