Madrid.- El consejero Rogelio Silva ha viajado hasta la capital para reunirse con la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Allí le ha pedido la creación de una oficina judicial en Zuera para agilizar cualquier trámite administrativo.
"Si tuviéramos una oficina en el propio centro penitenciario supondría una agilidad tremenda”, comentaba el consejero Rogelio Silva a la salida de su reunión, a la que le ha acompañado el viceconsejero de Justicia, José María Bescós.
“Muchas notificaciones o mandamientos de libertad los comunicamos personalmente con un funcionario que se traslada desde el juzgado de guardia, o desde los propios juzgados, al centro penitenciario”. Una vez instalada la oficina en el Centro Penitenciario de Zuera podrían cumplimentarse notificaciones, citaciones, requerimientos y demás tramites penitenciarios desde allí. Lo que pretende el departamento de Política Territorial es rentabilizar recursos, acortar trámites y mejorar la comunicación entre administraciones.
Silva ha reconocido que la solicitud ha sido “extraordinariamente bien recibida” y que lo que se ha planteado es una colaboración entre instituciones penitenciaria y Comunidades Autónomas a través de un grupo de trabajo que ya ha empezado a trabajar.
Posteriormente, se ha desplazado hacia el Ministerio de Justicia donde le esperaba otra reunión con el secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Julio Martínez Meroño y con Ángel Arozamena, director general de Relaciones con la administración de Justicia. El consejero ha reiterado la necesidad de crear una oficina en Zuera, con la colaboración de la Administración Central.
También han abordado otras cuestiones relacionadas con la propia transferencia y con algunos inmuebles, como los juzgados de Caspe o Teruel, que son todavía del ministerio y están a punto de entrar en funcionamiento.“Somos conscientes de que o tenemos una gran fluidez entre las tres instituciones o no se funciona bien”, afirma el consejero de Política Territorial. “Llevamos 9 meses con las transferencias de justicia y de momento hemos podido dar respuesta a temas inmediatos como el de ubicaciones, deficiencias de diferentes juzgados, temas de seguridad...”. Según él, lo que se está haciendo ahora es sentar las bases y poner los medios para que la administración funcione mucho mejor.
Silva también ha pedido en Justicia mantener el segundo juzgado de guardia que entró en funcionamiento en el mes de mayo y que permanecerá en funcionamiento hasta el 31 de octubre.
Estas reuniones se enmarcan en las distintas líneas y cauces de colaboración propuestos por el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior tras la asunción de las competencias en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia.
