Zaragoza.- Comisiones Obreras (CC.OO.) ha presentado su valoración sobre el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Desde el sindicato han señalado que “la recurrencia del Gobierno a los cambios legislativos espectaculares, lejos de mostrar una iniciativa de adaptación a la realidad -según la secretaria de Políticas Sociales, Concha García-, no resuelve la problemática actual, ya que la carencia de recursos personales y materiales en temas de inmigración no va a ser inicialmente subsanada con la nueva normativa”.
En Aragón, a principios de año, había un total de 45.000 inmigrantes empadronados, cifra que, en estos momentos ha aumentado hasta a unos 50.000, de los cuales 10.000, calcula el sindicato, se encuentran en situación irregular.
La asesora del centro de información para trabajadores inmigrantes, Ana Belén Pudría, ha apuntado que “la actual legislación no consigue los puntos prioritarios como son el control de los flujos migratorios, y se prioriza la expulsión en lugar de la integración”. La principal cuestión que se modifica, y que “endurece la situación de los inmigrantes en situación administrativa irregular”, según la asesora de CC.OO., es la supresión de supuestos de exención de visado en la Ley, que supone una autolimitación injustificada y limita el derecho de reagrupación familiar a los extranjeros ampliándose los criterios de denegación, asimismo, reduce las causas de exención de visado (casado con un residente en España desaparece), al igual que se limitan los permisos especiales como los de colaboración con la justicia.
EN ARAGÓN LA SITUACIÓN NO ES MEJOR
Concha García ha asegurado que en Aragón “la situación es igual de caótica que en el resto de España”, ya que permanecen los retrasos generalizados en la resolución de expedientes iniciales de permiso. “En la provincia de Huesca, todavía quedan por resolver todas las solicitudes iniciales de permiso de trabajo y residencia registradas desde enero del presente año”, ha añadido. También ha señalado que la falta de recursos, por lo que la renovación o trámites de extranjería se alargan demasiado tiempo, “dificulta que los inmigrantes puedan mantener un trabajo estable”, según ha expuesto la responsable sindical.
Además, desde CC.OO. se ha reseñado que los criterios de registro, gestión y resolución de solicitudes de permisos iniciales “son distintos en cada una de las provincias aragonesas, aunque se encuentran auspiciados en la misma normativa a nivel”. Esta situación, según García, “es un ejemplo más de discriminación hacia el inmigrante, dependiendo del lugar en el que reside”.
COLABORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
Una de las medidas que recoge la modificación de la Ley de Extranjería en relación a los datos del padrón, es que los ayuntamientos deben ponerlos en conocimiento del Ministerio de Interior y de la Policía, y “vendría a violar el artículo 18 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la intimidad”, ha señalado Concha García. Al mismo tiempo, ha apuntado que tal medida “va a infundir temor entre la población inmigrante”.
La representante del sindicato ha asegurado que “el empadronamiento es lo que les ha facilitado el acceso a la tarjeta sanitaria y a la escolaridad de sus hijos”, por lo que ha pedido a los ayuntamientos y sus alcaldes que “rechacen cualquier petición de cesión de datos con finalidades policiales del Ministerio de Interior”.
En líneas generales, CC.OO. ha valorado la modificación que se pretende con el proyecto de Ley como “una reforma regresiva, puesto que van a limitar mucho más los derechos de la población inmigrante, y desde luego, lo que no va fomentar es la integración” ha concluido García. Al mismo tiempo que ha manifestado su entero rechazo y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política de los diferentes partidos para que en el mes septiembre contribuyan con enmiendas para “mejorar el texto y convertir la Ley en más progresista”.
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